Por: Arq. William Eduardo De La Hoz Córdoba
El terremoto que hoy enluta al país también deja una lección para nuestra ciudad.
Cada vez que una tragedia golpea a Colombia, solemos preguntarnos qué ocurrió, quién falló y cómo atender la emergencia. Son preguntas necesarias, pero insuficientes.
Existe una pregunta mucho más importante y que casi siempre llega demasiado tarde:
¿Pudimos haber reducido nuestra vulnerabilidad antes de que ocurriera el desastre?
Este terremoto que ha sacudido al país nos recuerda que ninguna ciudad puede darse el lujo de planificar únicamente pensando en su crecimiento. También debe prepararse para resistir, responder y recuperarse frente a eventos extremos.
Es cierto que Cartagena no se encuentra entre las zonas de mayor amenaza sísmica de Colombia. Pero esa realidad no puede convertirse en una falsa sensación de tranquilidad.
La gestión moderna del riesgo enseña que el impacto de un desastre no depende únicamente de la intensidad del fenómeno natural. Depende también de la calidad de nuestras construcciones, del estado de la infraestructura, del comportamiento del suelo, de la capacidad institucional, del control urbano y, sobre todo, de las decisiones que durante años hemos tomado como sociedad.
Las ciudades no siempre pueden evitar los fenómenos naturales.
Lo que sí pueden hacer es reducir sus vulnerabilidades.
Y precisamente para eso existen instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial.
Cartagena se encuentra en un momento decisivo. Después de más de veinte años de vigencia del POT actual, el Distrito adelanta el trámite de un nuevo Plan que orientará el desarrollo de la ciudad durante los próximos quince años.
Después de revisar buena parte de sus documentos técnicos, se encuentran avances importantes. El nuevo POT incorpora criterios de gestión del riesgo, fortalece la estructura ambiental, mejora el tratamiento del espacio público, regula con mayor precisión las áreas consolidadas y plantea estrategias para ordenar el crecimiento urbano.
Todo ello merece reconocimiento.
Pero el terremoto ocurrido en el día de hoy también nos obliga a formular nuevas preguntas.
¿El POT está concebido únicamente para ordenar el territorio o también para hacer de Cartagena una ciudad más segura y resiliente?
Porque la vulnerabilidad urbana no solo proviene de la naturaleza.
También puede ser consecuencia de nuestras propias acciones.
Cartagena conoce dolorosamente esa realidad.
El colapso del edificio Portales de Blas de Lezo, construido por la firma Quiroz, permanece en la memoria colectiva como una de las mayores tragedias urbanas de la ciudad (27 de abril de 2017). Más allá de las responsabilidades judiciales, aquel hecho dejó una enseñanza ineludible: cuando fallan el diseño, la construcción, la supervisión o el control, las consecuencias pueden ser irreparables.
A ello se suman eventos relacionados con infraestructura, como el colapso de un tramo del puente Heredia (20 de junio de 1995), que recordó la necesidad de inspeccionar, mantener y monitorear permanentemente las estructuras que soportan la movilidad de miles de ciudadanos.
Pero existe una preocupación aún más silenciosa.
Todos los cartageneros observamos diariamente el crecimiento de construcciones que aparentemente se ejecutan al margen de las normas urbanísticas y técnicas. Edificaciones levantadas sin licencia visible, ampliaciones improvisadas, pisos adicionales sobre estructuras cuyo comportamiento nadie conoce, ocupaciones del espacio público y transformaciones que alteran las condiciones para las cuales fueron diseñadas muchas edificaciones.
Lo más preocupante es que estas situaciones no ocurren escondidas.
Ocurren a la vista de todos.
La ciudad no puede acostumbrarse a convivir con la ilegalidad constructiva como si fuera un fenómeno inevitable. Cada obra ejecutada sin el cumplimiento de las normas representa un riesgo potencial para quienes la habitan, para sus vecinos y para el conjunto de la ciudad.
Aquí la responsabilidad es compartida.
Corresponde al Estado ejercer un control urbano eficaz, oportuno y transparente.
Pero también corresponde a los profesionales de la construcción honrar el compromiso ético que asumieron con la sociedad.
Arquitectos, ingenieros, calculistas, revisores independientes, constructores, interventores y directores de obra no solo diseñan y edifican estructuras. Diseñan confianza. Construyen seguridad. Protegen vidas.
La firma de un profesional no puede convertirse en un simple requisito administrativo. Debe representar la certeza de que cada decisión técnica se adoptó con rigor, responsabilidad y absoluto respeto por las normas que protegen la vida humana.
Precisamente por ello considero que el nuevo POT debería ir un paso más allá.
No basta con ordenar el uso del suelo.
No basta con definir alturas, densidades o tratamientos urbanísticos.
Cartagena necesita incorporar una verdadera política de resiliencia urbana que articule la evaluación permanente de la infraestructura crítica, el fortalecimiento del control urbano, el monitoreo de edificaciones vulnerables, la actualización de estudios geotécnicos, el reforzamiento de construcciones públicas esenciales, la preparación ciudadana para emergencias y la protección de las redes estratégicas que permiten a la ciudad seguir funcionando cuando ocurre un evento extremo.
Esta discusión llega en un momento oportuno.
Muy pronto el Concejo Distrital asumirá la enorme responsabilidad de estudiar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
Su tarea no debería limitarse a debatir índices de construcción, usos del suelo o expansión urbana.
También debería preguntarse si el POT que aprobará contribuirá a reducir las vulnerabilidades que Cartagena ya conoce y que la historia reciente le ha recordado con dolor.
El mejor homenaje que podemos rendir hoy a las víctimas de cualquier tragedia no consiste únicamente en lamentar lo ocurrido.
Consiste en aprender.
Las ciudades verdaderamente inteligentes no son aquellas que simplemente reaccionan después de una emergencia.
Son aquellas que tienen la capacidad de anticiparse, corregir sus debilidades y construir una cultura donde la seguridad, la legalidad y la responsabilidad profesional sean tan importantes como el crecimiento económico.
Porque una ciudad no demuestra su grandeza por la altura de sus edificios.
La demuestra cuando cada ciudadano puede confiar en que las obras que se construyen, la infraestructura que utiliza y las decisiones que toman sus autoridades tienen un mismo propósito: proteger la vida.
Las ciudades no se derrumban únicamente por la fuerza de la naturaleza. También se debilitan cuando la ilegalidad se tolera, cuando el control se debilita y cuando la indiferencia reemplaza la responsabilidad. El verdadero desafío de Cartagena no es esperar el próximo desastre, sino decidir, desde hoy, que nunca más una tragedia anunciada nos encuentre diciendo: «todos lo vimos, pero nadie hizo nada».
Buenas tardes , de acuerdo , pero está falta de profesionalismo y ética , no solo existe en Cartagena , lastimosamente, también en Medellín , donde se han tenido que demoler varios edificios por problemas estructurales graves , Edificio Space ( Septiembre 2014), Continental Tower ( Diciembre 2022), Bernavento ( Junio 2018) etc , también construcciones con altas deficiencias , que deja muy mal parados , tanto a quienes se encargan de calcular , planear , proyectar y concretar obra , como el proceso público con licencias por doquier , eso es lo que hay , profesionales incapaces y políticos haciéndose de la vista gorda