El debate sobre el peaje de Turbaco trasciende una tarifa o una concesión. Es la oportunidad para preguntarnos cuánto cuesta realmente el atraso cuando las instituciones dejan de transformar los recursos públicos en bienestar.
Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
Un símbolo que va más allá de una carretera
Durante años se ha debatido sobre el peaje de Turbaco. Tal vez ha llegado el momento de discutir otro mucho más costoso: el peaje institucional. Comprenderlo puede ser el primer paso para resolver un conflicto que, en realidad, solo representa la parte visible de un problema mucho más profundo.
Antes de discutir el peaje de Turbaco conviene responder una pregunta elemental: ¿qué es un peaje?
Un peaje es el precio que pagan los usuarios por utilizar una infraestructura pública de transporte. Su propósito es financiar la construcción, el mantenimiento y la modernización de las vías. Se trata de un instrumento legítimo y ampliamente utilizado en el mundo para acelerar inversiones que, en muchos casos, el Estado no podría ejecutar oportunamente con recursos propios. Colombia recurrió a este modelo para enfrentar un rezago histórico en infraestructura y, gracias a las concesiones, ha logrado desarrollar corredores estratégicos para la competitividad y la integración regional.
Sin embargo, el debate nunca ha sido la existencia de los peajes. El verdadero debate comienza cuando la ciudadanía deja de percibirlos como una inversión y empieza a sentirlos como una carga. Cuando una comunidad debe pagar la misma tarifa por recorrer apenas uno o dos kilómetros que quien utiliza un trayecto mucho mayor; cuando la percepción de equidad desaparece; o cuando una caseta de cobro permanece durante décadas como fuente permanente de inconformidad, el problema deja de ser exclusivamente financiero para convertirse en un asunto de legitimidad institucional.
La controversia alrededor del peaje de Turbaco, que durante años ha generado protestas ciudadanas, suspensiones del cobro, decisiones administrativas y un creciente desgaste en la relación entre la comunidad, el Estado y la concesión, demuestra que los conflictos públicos rara vez se resuelven únicamente desde la ingeniería o las finanzas. Cuando la confianza se deteriora, incluso una infraestructura técnicamente necesaria puede perder legitimidad social.
Por eso el peaje de Turbaco dejó de ser un hecho local. Se convirtió en el símbolo de una pregunta mucho más profunda: ¿cuánto nos cuesta como sociedad el mal funcionamiento de las instituciones?
El peaje que no aparece en las carreteras
Existe un peaje mucho más costoso que el que pagamos al cruzar una caseta. Es el que asumimos cuando una obra pública se retrasa indefinidamente, cuando una empresa pierde competitividad por una infraestructura insuficiente, cuando un ciudadano invierte horas en trámites innecesarios o cuando una familia sacrifica tiempo, dinero y oportunidades para compensar decisiones públicas equivocadas. Son costos invisibles que afectan diariamente la productividad, la confianza y la calidad de vida.
Podemos llamar a ese fenómeno peaje institucional: todo costo económico, social o de tiempo que los ciudadanos terminan pagando no por utilizar una infraestructura, sino por las deficiencias con que el Estado planifica, decide, ejecuta o administra los asuntos públicos. Es el precio invisible de unas instituciones que no logran transformar los recursos colectivos en bienestar colectivo.
Ese peaje institucional no lo recauda una concesión. Lo recauda el atraso.
Las raíces del atraso
Los peajes institucionales no aparecen por casualidad. Son el resultado de prácticas que terminan convirtiendo los recursos públicos en atraso en lugar de desarrollo. Tres de ellas explican buena parte del problema.
La primera es la corrupción, que desvía recursos, altera las prioridades del Estado y erosiona la confianza ciudadana. Cada peso robado representa una carretera que no se construye, un hospital que no se equipa, una escuela que no se fortalece o una oportunidad de desarrollo que se pierde.
La segunda es el derroche. No toda pérdida de recursos proviene de actos ilícitos. También existe el gasto mal priorizado, la burocracia innecesaria, los proyectos sin impacto y las inversiones concebidas sin criterios técnicos. Una administración puede ser honesta y, aun así, fracasar si desconoce el valor de la austeridad, administra sin prioridades o confunde gastar más con gobernar mejor.
La tercera es la incompetencia. Gobernar exige capacidades técnicas, experiencia administrativa y visión estratégica. Con demasiada frecuencia se confunde la habilidad para ganar elecciones con la capacidad para administrar organizaciones complejas. Cuando el mérito es reemplazado por la improvisación, el clientelismo o la falta de capacidades técnicas, los errores terminan pagándolos millones de ciudadanos.
La corrupción roba los recursos públicos. El derroche consume los que quedan. La incompetencia impide convertirlos en resultados. Cuando estos tres factores se combinan, el atraso deja de ser una excepción para convertirse en un patrón de funcionamiento.
La sostenibilidad también exige legitimidad
Sería equivocado concluir que la solución consiste en eliminar las concesiones. La infraestructura requiere financiación y las concesiones han demostrado ser un instrumento útil para acelerar el desarrollo. El desafío consiste en fortalecer su legitimidad.
La sostenibilidad ya no depende únicamente de la viabilidad financiera de un proyecto. También exige equilibrio ambiental y legitimidad social. Cuando las comunidades perciben que las cargas se distribuyen de manera inequitativa, incluso una infraestructura técnicamente exitosa pierde sostenibilidad.
Es precisamente en esta dimensión donde debates como el del peaje de Turbaco adquieren especial relevancia. Cuando una persona debe pagar la misma tarifa por recorrer apenas uno o dos kilómetros que quien utiliza un trayecto considerablemente mayor, surge una pregunta legítima sobre la equidad del modelo. Escuchar esas inquietudes, revisar los esquemas cuando las condiciones cambian y construir soluciones con las comunidades no debilita una concesión. Por el contrario, fortalece su legitimidad y contribuye a la sostenibilidad integral del proyecto.
Una nueva gobernanza
Existe una idea sencilla que conserva plena vigencia: si seguimos actuando de la misma manera, seguiremos obteniendo los mismos resultados.
También ocurre con la vida pública. No podremos eliminar los peajes institucionales mientras persistamos en las mismas prácticas que los hicieron posibles. La transformación exige compromisos del Gobierno Nacional, de los gobiernos territoriales, de los organismos de control, de la justicia, de las concesiones y, sobre todo, de una ciudadanía que comprenda que la democracia no termina el día de las elecciones.
El debate sobre el peaje de Turbaco ofrece una oportunidad para demostrarlo. Más allá de la protesta o de la inconformidad, la comunidad puede organizarse para exigir información, conocer los estudios técnicos, participar en los espacios de diálogo, formular propuestas y hacer seguimiento a los compromisos que asuman las autoridades y la concesión. Una ciudadanía informada no solo reclama derechos; también contribuye a construir mejores decisiones públicas.
Nunca la ciudadanía había contado con tantas herramientas para vigilar al Estado. El acceso a la información pública, el análisis de datos, el periodismo de investigación y la inteligencia artificial amplían hoy las capacidades de control democrático y abren espacio para liderazgos menos dependientes de las maquinarias políticas y más sustentados en el conocimiento, la transparencia y los resultados.
El desafío consiste en transformar una controversia en un ejercicio ejemplar de gobernanza. Que el peaje de Turbaco no sea recordado únicamente por el conflicto que generó, sino por haber impulsado una comunidad capaz de dialogar con argumentos, exigir rendición de cuentas y participar activamente en la construcción de soluciones más justas y sostenibles.
El peaje de Turbaco seguirá siendo objeto de debate. Y debe serlo. Pero sería un error creer que el problema termina en una caseta de cobro.
Las carreteras acercan territorios. Las instituciones acercan el desarrollo.
Y las comunidades que participan, vigilan y proponen son las que terminan construyendo instituciones capaces de servir al bien común. Porque una democracia madura no se limita a pagar peajes: también aprende a decidir cómo deben administrarse los caminos que todos compartimos.
Es tiempo de organizarse. Más de dos décadas de controversias demuestran que la inconformidad, por sí sola, no transforma la realidad. La protesta puede abrir el debate, pero solo una ciudadanía informada, organizada y perseverante puede convertir un conflicto en acuerdos duraderos.
Quizá el verdadero legado que pueda dejar el peaje de Turbaco no sea una discusión sobre tarifas, sino el nacimiento de una ciudadanía que comprendió que la mejor manera de reducir los peajes institucionales es construir mejores instituciones. Porque las carreteras pueden conectar ciudades, pero solo las buenas instituciones son capaces de conectar a una sociedad con su futuro. Ese es el único camino donde nunca deberíamos pagar el costo del atraso.
(*) Rodrigo Velásquez Ángel | Magíster en Asuntos Internacionales y comunicador social de la Universidad Externado de Colombia
