Por Rodolfo Díaz Wright
Cada cierto tiempo, Cartagena vuelve a hablar del Canal del Dique. Se anuncian reuniones, se reactivan compromisos, aparecen estudios técnicos y resurgen promesas gubernamentales. Sin embargo, mientras la discusión continúa atrapada entre trámites administrativos, controversias jurídicas y decisiones políticas, la realidad avanza con una contundencia imposible de ignorar: la Bahía de Cartagena continúa sedimentándose, los ecosistemas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario siguen deteriorándose y millones de personas permanecen expuestas a riesgos ambientales e hídricos que pudieron haberse mitigado hace años.
El debate sobre el Canal del Dique dejó de ser un asunto exclusivamente regional. Hoy representa uno de los proyectos de infraestructura ambiental más importantes de Colombia y probablemente uno de los de mayor impacto para el Caribe colombiano durante las próximas décadas.
Su importancia no es nueva. Desde mediados del siglo XVII, cuando se construyó el primer canal artificial para conectar el río Magdalena con Cartagena, esta vía modificó completamente la dinámica económica del país. Durante siglos permitió integrar el interior con el principal puerto del Caribe colombiano, convirtiéndose en un corredor estratégico para pasajeros, mercancías, hidrocarburos y comercio exterior. Sin embargo, una obra concebida hace casi cuatro siglos nunca fue adaptada integralmente a las nuevas realidades hidráulicas y ambientales del territorio.
El punto de inflexión ocurrió durante la gran ola invernal de 2010 y 2011. Las inundaciones que afectaron cerca de 19 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre evidenciaron que el Canal del Dique ya no era únicamente una infraestructura de navegación, sino un enorme sistema hidráulico cuyo comportamiento incidía directamente sobre la seguridad de millones de habitantes.
Aquella emergencia impulsó la creación del Fondo Adaptación y dio origen a uno de los estudios hidráulicos y sedimentológicos más completos realizados en Colombia. Los análisis desarrollados por expertos nacionales e internacionales permitieron establecer con claridad el verdadero problema: el Canal del Dique transporta hacia la Bahía de Cartagena cerca de dos millones de toneladas de sedimentos cada año, una carga que modifica permanentemente la morfología costera, destruye arrecifes coralinos, reduce la profundidad de los canales navegables y compromete seriamente el funcionamiento del sistema portuario más importante del Caribe colombiano.
Las consecuencias ya son visibles. Barras de sedimentos de varios kilómetros continúan creciendo dentro de la bahía; nuevos brazos del canal alteran la dinámica hidráulica; los muelles industriales enfrentan procesos acelerados de colmatación y la transparencia que durante décadas caracterizó las aguas cartageneras ha sido sustituida por una permanente suspensión de lodos.
Pero el problema va mucho más allá del paisaje.
El Canal del Dique constituye la principal fuente de abastecimiento de agua para Cartagena y numerosos municipios ribereños. Durante las temporadas secas, la denominada «cuña salina» avanza desde la bahía hacia el interior, amenazando las ciénagas que abastecen los sistemas de acueducto. En otras palabras, el deterioro del canal compromete directamente la seguridad hídrica de más de dos millones de personas.
Resulta paradójico que un proyecto técnicamente estructurado, con estudios concluidos y una ruta financiera definida haya terminado inmovilizado por decisiones administrativas y exigencias regulatorias que prolongan indefinidamente su ejecución.
La protección ambiental nunca debe entenderse como un obstáculo para resolver precisamente un problema ambiental. Por el contrario, los procedimientos deben garantizar que las intervenciones se realicen con el mayor rigor científico posible, pero sin convertir la burocracia en el principal factor de deterioro del ecosistema.
En este contexto cobra especial importancia la decisión del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, de volver a poner el Canal del Dique en el centro de la agenda nacional. No se trata de una bandera coyuntural. Desde su administración como gobernador de Bolívar impulsó la articulación institucional que permitió rescatar un proyecto prácticamente archivado, reunir a los gobernadores de la región Caribe, convocar al Gobierno Nacional y avanzar hasta dejar estructurada una de las iniciativas de infraestructura ambiental más ambiciosas del país.
Ahora, con un nuevo Gobierno Nacional y un nuevo ministro de Ambiente con formación en biología marina, surge una oportunidad que no debería desperdiciarse. La discusión debe abandonar definitivamente el terreno político para regresar al escenario donde siempre debió permanecer: el de la ciencia, la ingeniería, la planificación ambiental y la gestión integral del recurso hídrico.
La recuperación del Canal del Dique no puede depender exclusivamente del alcalde de Cartagena. También requiere el liderazgo del gobernador de Bolívar, de los congresistas de la región, de las autoridades ambientales, de los gremios portuarios, del sector industrial, de la academia y de toda la institucionalidad del Caribe colombiano. La magnitud del problema supera cualquier administración y exige una política de Estado.
Porque lo que hoy está en juego no es únicamente la navegabilidad del canal ni la protección de un puerto.
Está en juego la competitividad logística del Caribe colombiano, la conservación de uno de los ecosistemas coralinos más importantes del país, el abastecimiento de agua potable para millones de habitantes, la seguridad de decenas de municipios ribereños y el futuro ambiental de Cartagena.
Los países que progresan no son aquellos que identifican sus problemas, sino aquellos que son capaces de resolverlos antes de que se conviertan en crisis irreversibles.
El Canal del Dique representa precisamente esa decisión histórica. Colombia puede seguir permitiendo que los sedimentos continúen enterrando lentamente la Bahía de Cartagena mientras los expedientes cambian de escritorio, o puede asumir, con visión de Estado, una intervención que trascienda gobiernos, periodos administrativos e intereses políticos.
La naturaleza ya emitió su diagnóstico. La ingeniería también. Ahora la decisión corresponde exclusivamente al liderazgo institucional del país.
