La sanción del Proyecto de Acuerdo que establece la Tarifa Diferencial en Transcaribe para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad marca un hito en la movilidad de Cartagena. No se trata de un triunfo improvisado ni de una concesión arrancada por presiones indebidas: es el resultado de una planificación que nació desde el programa de gobierno y que se consolidó tras un arduo proceso de recuperación del sistema.
Es necesario subrayar que ningún concejal puede atribuirse la autoría de esta iniciativa. El Concejo cumplió con su papel de estudiar y aprobar un proyecto que fue concebido y presentado por el Ejecutivo. Su aporte fue valioso, sí, pero la idea y la estrategia vinieron desde el Gobierno Distrital, desde los ejercicios de campaña y el Plan de Desarrollo. Pretender lo contrario es desconocer la génesis de esta política pública.
También resulta engañoso afirmar que la medida fue producto de paros o presiones estudiantiles. Cartagena no puede gobernarse a punta de bloqueos ni de chantajes. La Tarifa Diferencial responde a un diseño serio, a mesas de trabajo, a metodologías de focalización que buscan garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, sin abrir la puerta a abusos o distorsiones.
Conviene recordar el contexto: cuando inició la actual administración, Transcaribe estaba sumido en una crisis profunda. Una flota paralizada, buses dañados, problemas financieros y administrativos, estaciones deterioradas. Antes de pensar en subsidios, había que salvar el sistema. Se acopiaron recursos, se repararon unidades, se definió una nueva gerencia, se proyectó la compra de 40 buses. Solo después de estabilizar la operación fue posible avanzar hacia la inclusión tarifaria.
Por eso, este logro debe valorarse en su verdadera dimensión: es fruto de la seriedad, la ponderación y la honestidad en el manejo de la ciudad. Es un sacrificio compartido entre el Gobierno y los cartageneros, que aportan recursos para que poblaciones vulnerables puedan acceder a un transporte más justo y asequible.
La ciudadanía debe entender que este paso no es menor. La Tarifa Diferencial fortalece la equidad, respalda los proyectos de vida de miles de estudiantes y adultos mayores, y dignifica a las personas con discapacidad. Pero también exige responsabilidad: que los beneficiarios respeten el sistema, que los usuarios cuiden la flota y que todos contribuyamos a que Transcaribe funcione con eficacia y eficiencia.
En conclusión, la aprobación de la Tarifa Diferencial no es un botín político para repartir entre oportunistas. Es la consolidación de una política pública seria, concebida desde el inicio del gobierno y ejecutada con esfuerzo colectivo. Ojalá los cartageneros sepan apreciarla como lo que es: una buena noticia que refleja compromiso, planificación y justicia social.
