En Colombia se ha vuelto costumbre contabilizar las protestas como si fueran un marcador deportivo, reduciendo un fenómeno social complejo a un simple número: se relacionan las protestas de un año a otro. Esa forma plana de presentar la información convierte la protesta en un índice vacío, sin contexto ni análisis. Lo que realmente importa no es la cifra en sí, sino el origen y la motivación de cada protesta, porque solo así se puede distinguir entre una exigencia ciudadana legítima y una manifestación oportunista con fines políticos o mediáticos.
Muchas veces, en épocas preelectorales, las protestas se multiplican no tanto para exigir soluciones concretas, sino para dar visibilidad a líderes que buscan proyectarse como defensores del pueblo. La protesta se convierte entonces en escenario mediático, en vitrina de redes sociales y en trampolín político. En ese contexto, el número de protestas deja de ser un indicador de gobernabilidad y pasa a ser un reflejo de intereses particulares.
También existe la llamada “crisis de éxito”: cuando una obra pública despierta nuevas demandas. Se pavimenta una calle y surgen bloqueos en otros barrios reclamando la suya; se inaugura un hospital y aparecen comunidades exigiendo otro. Incluso se protesta en medio de la entrega de una obra porque falta iluminación, sin esperar a que el proceso concluya. Este fenómeno muestra cómo la protesta puede ser consecuencia directa de los avances, y no necesariamente de las carencias.
El problema es que, al medir gobiernos por el número de protestas, se cae en simplificaciones peligrosas. Un gobierno con pocas protestas no necesariamente es eficiente; puede simplemente tener mecanismos para desincentivar la movilización. Uno con muchas protestas tampoco es necesariamente malo; puede ser reflejo de una ciudadanía activa y exigente. Lo que realmente importa es cómo se gestionan esas protestas y qué soluciones se ofrecen.
Por eso, más que contar marchas y bloqueos, el reto está en analizar las causas y respuestas. La protesta legítima, reconocida constitucionalmente, es un derecho ciudadano que debe ser escuchado y atendido. La protesta oportunista, en cambio, debe ser desenmascarada para que no distorsione el debate público. Solo así la protesta dejará de ser ruido estadístico y se convertirá en un insumo real para fortalecer la democracia y la relación entre Estado y ciudadanía.
