La Auditoría General de la República estaría siendo llamada por parte de la Red de Veeduría a la Rama Judicial, Vejuca, a revisar con detalle los informes de gestión presentados por la Contraloría Departamental de Bolívar durante la administración del excontralor Edilberto Mendoza.
Las dudas sobre la transparencia y el rigor de esos documentos han despertado preocupación en distintos sectores, que consideran que el control fiscal pudo haberse reducido a un trámite formal sin señalar las irregularidades que afectan directamente el manejo de los recursos públicos.
Lo que está claro para la veeduría es que, al parecer, las auditorías de cumplimiento realizadas en 2024 por la Contraloría de Bolívar clasificaron hallazgos en varios municipios como ‘sin incidencia’, pese a que ahora podrían tener implicaciones disciplinarias o penales. Habrían recursos de los municipios que aún no están soportados.
Esta situación ha alimentado la percepción de que el control fiscal se convirtió en un trámite más que en una herramienta de vigilancia efectiva. Ante estas preocupaciones, se ha hecho un llamado a la Auditoría General de la República para que investigue a fondo los informes producidos por Mendoza.
La intervención busca determinar si hubo omisiones deliberadas, manipulación de resultados o falta de rigor técnico en la elaboración de los documentos. El objetivo es garantizar que el control fiscal en Bolívar cumpla con su función de proteger el patrimonio público y no se reduzca a un ejercicio meramente formal.
Las implicaciones de esta investigación son significativas para el departamento. Si la Auditoría confirma irregularidades, se abriría la puerta a sanciones y a una revisión profunda de los procesos internos de la Contraloría de Bolívar.
Más allá de las responsabilidades individuales, el caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría y de asegurar que los informes de gestión sean instrumentos reales de transparencia y rendición de cuentas, en lugar de simples piezas administrativas.
