Los copropietarios del edificio “Calle de la Iglesia”, ubicado en la Carrera 4 No. 35-59, en la Calle de La Iglesia, pleno corazón del Centro Histórico de Cartagena, denunciaron ante las autoridades locales la ocupación indebida de un área común, así como afectaciones reiteradas a la convivencia ocasionadas por un residente del inmueble.
Según la queja formal radicada ante la Inspección de Policía de la Comuna 1B, el señor Manuel Tamara, ocupante de la Oficina 3 del primer piso, habría instalado de manera unilateral una reja metálica con puerta en un corredor de uso común, bloqueando el libre tránsito por ese espacio. Adicionalmente, se evidenció la instalación de rieles metálicos con la aparente intención de construir un cerramiento techado, sin contar con autorización de la Alcaldía Distrital ni aprobación de la asamblea de copropietarios, como lo exige la Ley 675 de 2001 y el reglamento interno de propiedad horizontal.
Los denunciantes aseguran que este tipo de intervenciones no solo afectan la infraestructura del edificio, patrimonio material de Cartagena, sino que forman parte de un patrón de comportamiento conflictivo que el señor Tamara ha mantenido durante años, alterando la tranquilidad y la sana convivencia entre los residentes.
“La convivencia con el señor nunca ha sido la mejor. Es una persona con la que los problemas vienen de tiempo atrás debido a su intolerancia, falta de diálogo y actitud violenta. Lo último que estamos padeciendo es que instaló una reja en pleno pasillo, zona común del edificio y por donde pasan tuberías de alcantarillado, agua y registros de aguas residuales”, aseguró Gerardo May, copropietario de uno de los apartamentos.
Las acciones descritas vulneran normas de propiedad horizontal y de convivencia ciudadana, especialmente los artículos 76, 77 y 78 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), así como el artículo 51 de la Ley 675, que prohíbe expresamente las modificaciones no autorizadas sobre bienes comunes.
Frente a estos hechos, los copropietarios solicitan a las autoridades competentes realizar una verificación urgente, ordenar la remoción de las estructuras instaladas sin permiso y aplicar las sanciones correspondientes. En caso de persistencia, piden que el caso sea elevado a la autoridad de Policía para la adopción de medidas correctivas que garanticen el respeto por la convivencia, la seguridad del inmueble y los derechos de todos los residentes.
