Por: Danilo Contreras
En notas precedentes he compartido con mis contados lectores la curiosidad que me produce lo acontecido durante los dos últimos siglos en las naciones del norte de Europa, considerando que pasaron de ser sociedades belicistas sumidas en permanentes conflagraciones y desencuentros, a convertirse en países prósperos, pacíficos y en verdaderas vanguardias de procesos de transición tecnológica y energética que resultan imperativos ante la evidencia del cambio climático.
Thomas Piketty no ha sido ajeno al fenómeno. En su “Capital e ideología” señala el caso paradigmático de Suecia en donde la superación de las desigualdades sociales y el establecimiento del bienestar colectivo se explica a partir del hecho de que “un partido oficialmente socialdemócrata, ha estado en el poder casi ininterrumpidamente desde principios de la década de 1930 hasta los años 2000-2020…Se trata del país socialdemócrata por excelencia, en el que esta ideología ha podido experimentarse de forma más completa…”.
Por su parte James Robinson, recientemente galardonado con el premio nobel de economía en compañía de los profesores Daron Acemoglu y Simon Johnson, ha sostenido sobre nuestro caso particular: “Mi argumento es que el alcance y la persistencia de la pobreza y la violencia en Colombia son una consecuencia de las facetas extractivas de las instituciones políticas”.
La lectura contrastada de las citas de los autores comentados indicaría que el énfasis de sus análisis está centrado en los modelos institucionales que serían los que determinan, en últimas, el éxito o fracaso de las naciones; sin embargo, no puedo evitar cuestionar si la promulgación de determinadas políticas públicas, o la adopción de determinadas formulas institucionales como, verbigracia, una reforma constitucional o la introducción de modificaciones legales, resulta ser suficiente para garantizar un cambio de rumbo profundo.
Surge enseguida la observación según la cual, mientras otras naciones han adoptado instituciones similares a las implementadas en los países escandinavos, que podemos agrupar bajo el concepto de “Welfare State o Estados de Bienestar”, la conflictividad social interna y su vinculación a enfrentamientos bélicos internacionales persisten. Francia, Inglaterra o Estados Unidos son Estados caracterizados por la implementación de políticas de “Welfare State” desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial e inclusive en el marco del auge neoliberal promovido por Margaret Thatcher y Ronald Reagan; pese a ello, las convulsiones sociales internas y las guerras externas en que se han visto involucrados no son pocas.
Pues bien, es justo en este punto en el que cometeré la osadía de proponer que la presentación de reformas institucionales y políticas como determinantes exclusivas del éxito o fracaso de las naciones desconoce el papel esencial que tiene la cultura en las transformaciones sociales. Así, he ido construyendo la hipótesis según la cual, es la transformación cultural la que determina en buena medida las posibilidades de cambio profundo y el sustrato necesario para que los fines de las instituciones sean fecundas.
Con ese criterio, pese a los prácticamente inexistentes textos sociológicos a mi alcance relacionados con los cambios culturales que han tenido lugar en países como Suecia, Dinamarca o Noruega, he podido acceder a algún material que prueba que durante el periodo de implementación de las políticas socialdemócratas en dichas naciones, avanzó, en paralelo, un proceso de transformación de las costumbres, los criterios morales y las fórmulas de comportamiento ético en tales sociedades.
Es así como se me han develado conceptos como la “ley de Jante” y el “Lagom”, que se erigen en una especie de “decálogo” de comportamientos éticos, la primera, en tanto que una filosofía de vida para alcanzar la felicidad y el equilibrio a través de la moderación, la segunda. Todo indica que dichas expresiones, que al parecer han calado hondo en las sociedades escandinavas, avanzaron acompasadas con la implementación de reformas y políticas públicas.
En Colombia la cuestión es distinta.
El país ha intentado, con grandes intervalos históricos y políticos, aclimatar instituciones y políticas públicas relacionadas con las teorías del Estado de Bienestar y el constitucionalismo garantista de los derechos humanos. Solo para ejemplificar este aserto proponemos el caso de la “Revolución en marcha”, que introdujo la noción de la función social de la propiedad y los primeros intentos de una reforma agraria, así como las reformas del año 1968 empujadas por Carlos Lleras Restrepo que acentuaron el intervencionismo de Estado, para solo mencionar dos proyectos de esta naturaleza.
Pese a lo anterior, una cultura de violencia, atizada por el sectarismo ideológico, se ha constituido en una especie de pandemia persistente que de una u otra manera nos ha afectado a todos, casi que sin excepción, con efectos nefastos que no hemos podido superar.
Veamos: Se atribuye a Miguel Antonio Caro, presidente de Colombia en los tormentosos años finales del siglo XIX, la frase “Que tiemblen los porteros”, con la cual ilustraba el carácter excluyente del gobierno que encabezó, en el que por razones ideológicas, hasta los más humildes trabajadores debían temer.
Más tarde la historia nacional da cuenta del tristemente famoso discurso de Laureano Gómez ante una enardecida audiencia en el que para referirse a la que llamaba “chusma gaitanista” declaró: “Nuestro Basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estomago oligárquico; con un pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista, pero que es la cabeza…”, con el antecedente de su intervención en el Senado de 1940 en donde pronunció estas fatídicas palabras: ““¡…llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal… y haremos invivible la república!”. Y, en efecto, hicieron invivible la república, así como más recientemente, otros dirigentes hicieron trizas los acuerdos de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Es claro entonces, que la violencia se enseñoreo en el país con fundamento en el sectarismo político, complementado con fenómenos de economías ilegales, y todo parece indicar que en el presente, la cultura envenenada que encuentra causa en razones ideológicas o partidistas, en la ira, la indignación y el odio, cobra nuevos bríos.
Hace unos días el señor presidente de la República, en controversial Consejo de Gobierno televisado que ha conocido la opinión pública, acuso indiscriminadamente a sus ministros y en general a la izquierda nacional de sectarismo. Contradictoriamente, días antes ha sido el primer mandatario quien en medio de un rifirrafe con el presidente del Senado de la República tuiteó: “Maldito el parlamentario que destruye la prosperidad de su propio pueblo”, todo un paradigma retórico de sectarismo que no pocos simpatizantes le aplaudieron y justificaron.
A propósito, recuerdo haber improvisado un discurso en el año 2021, el cual aún navega en la web, en el que planteaba que el movimiento “Pacto Histórico” tenía el imperativo ético de no ser solo una simple estrategia electoral, sino una pedagogía, una magistratura que le ayudara al país a superar la violencia. Como sociedad no lo estamos logrando.
Como ciudadano de a píe, a efectos de entender mejor cual es el rol que tiene la cultura en el propósito de lograr transformaciones profundas en lo colectivo pero también en lo particular, he acudido al sociólogo Zygmunt Bauman, que en su obra “Esbozos sobre la teoría de la cultura” expone sus tesis sobre la relación de la cultura con la configuración de la estructura social y también entre la cultura y la personalidad de los individuos, en tanto que “…la cualidad fundamental de la cultura es la organización y estructuración del comportamiento humano…”.
Bauman agrega: “…el hombre es un ser que reacciona ante los estímulos; sus acciones, no obstante, se basan en un acuerdo sociocultural…el ser humano no es tanto el receptor como el creador del mundo, esto es, un sujeto capaz de intervenir activamente en su constante transformación…”.
Pese a la importancia de la cultura en las transformaciones sociales y políticas, escuche en reciente entrevista a Juan David Correa, ministro de Cultura que recién presentó su renuncia al presidente Petro, declarando que su cartera seguía siendo cenicienta del Estado.
Toda una tarea pendiente.
