Las obras civiles no se pueden tribunalizar ni politizar, es la conclusión a la que llegó el ingeniero civil Eduardo Payares, consultado por ESOVA NOTICIAS tras conocerse las decisión del juez que atendió la acción de tutela interpuesta por la señora Lía Muñoz.
Entendidos en la materia aseguran que un solo día que se deja de trabajar en las obras civiles que se adelantan en una de las ocho instituciones educativas de Cartagena están valoradas entre 250 y 300 millones de pesos. Es decir, se estarían perdiendo cerca de 2 mil millones de pesos diarios por cuenta de una decisión legal.
Está claro que esto genera afectaciones directas para el contratista, los maestros de obras, los albañiles y principalmente para la comunidad educativa que ve con preocupación cómo su obra se detiene por cuenta de la decisión de un juez.
Ante un panorama como este se tendrán que tomar nuevas decisiones en tiempo o cronograma para la obra, polizas de cumplimiento y planes de inversión. Lo que más preocupa en una situación como esta, señalan los ingenieros consultados, es que conseguir contratistas buenos cuesta y cuando se generan problemas legales como estos, toman la decisión de irse y buscar escenarios donde los dejen trabajar tranquilamente.
Antes de conocerse el fallo de paralizar las obras de manera preventiva con una medida cautelar el juez ha debido solicitar la información preliminar a la Secretaría de Educación sobre el plan de acción que se adelantaría en las instituciones educativas. De esta manera, antes de paralizar una obra y afectarla como lo hizo, se estudia la viabilidad del proyecto y se estudia detenidamente la decisión y el paso a seguir.
