Por Danilo Contreras
Suelo seguir por YouTube algunos documentales de la Deutsche Welle por lo interesante de los temas que proponen. Uno de ellos, que de paso sugiero comedidamente, es el titulado “La sociedad del malestar. Cuando la injusticia polariza”.
El programa alude a investigaciones realizadas por la fundación Hans Blöker de Dusseldorf, Alemania, que llegan a sugestivos planteamientos sobre los fenómenos de justicia social y desigualdad, que resumo desordenadamente.
La primera consideración señala que la justicia es un principio de “autoridad moral” que orienta las sociedades, mientras que su violación destruye relaciones entre personas y grupos. De la misma manera señalan que a partir de un índice Gini de 0.4, la paz social puede verse amenazada y la cohesión social sufre menoscabo (en Colombia el Gini es de 0.587). Uno de los expertos de dicha fundación sostiene que con pocos ingresos las personas tienden a participar menos en la democracia y en la vida social. Agregan que investigaciones con niños de corta edad e incluso con monos, permiten concluir que el sentido de la justicia y la igualdad tienen origen genético, más allá de lo que podría pensarse en el sentido de que es la educación la que forma en tales valores.
Mijail Hartmann investigador entrevistado en el documental arriesga su concepto al señalar que antes que la educación, lo fundamental para establecer la justicia social es garantizar ingresos a las personas, pues sin ingresos el acceso a la educación de calidad es precario.
Estas conceptualizaciones coincidieron con una charla que sostuve hace unos días con Javier Marrugo, reconocido dirigente que en la actualidad funge como Presidente Fundador del Consejo Laboral Afrocolombiano que tiene entre sus objetivos fomentar e impulsar las capacidades empresariales de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera.
Marrugo quien también hace parte del Comité Impulsor de la consulta popular “No a la ley del despojo”, esto es, la ley 2038 de 2020 que crea el fondo para erradicar la pobreza extrema en Cartagena, llamó la atención a varios miembros de dicho comité sobre la manera como la segregación se expresa no solo en la manera como se expiden leyes como la referida, sino en que la población afro en Cartagena carece de espacios en la dirección del tejido empresarial, y con gran desazón agregaba que NO conoce líderes o gerentes negros entre las 200 empresas más importantes de la ciudad y el departamento, o cuando menos es escasísima la presencia de estos conciudadanos. Algo más o menos evidente pero que en el terreno de las apuestas políticas se pasa por alto.
En contraste las cifras del Dane dan cuenta que Cartagena y Bolívar concentran una buena parte de la población afro en Colombia. Asimismo se sabe que la pobreza multidimensional del grupo de NARP es de 30.6%, vale decir, 11 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, en tanto que en cabeceras municipales la pobreza multidimensional de NARP se ubicó en 13.6% por encima del promedio nacional.
Pero los fenómenos de exclusión no se limitan a invisibilización de los afros en la vanguardia empresarial de la ciudad, sino que se expresa en mecanismos más sofisticados como los que maquina la Refinería de Ecopetrol al solicitar la modificación de las licencias ambientales que amparan la ampliación de la planta y por esa vía reducir su “responsabilidad social” para con las comunidades aledañas, que cuentan gran presencia de afrocolombianos, aduciendo que los impactos ambientales de su producción se reducen a los limites de sus instalaciones.
Geverson Ortiz, dirigente comunal que también hace parte del Comité Impulsor de la consulta No a la ley del despojo, ha denunciado en nombre de las comunidades, que en “Auditoría de Cumplimiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA — Reficar 2008 – 2017”, elaborado por la Contraloría General de la República, se lee que al “verificar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la licencia ambiental (la misma cuya modificación se persigue), así como la evaluación, seguimiento y control efectuado por la autoridad ambiental…(ANLA, CARDIQUE y EPA) en relación con los conflictos socio ambientales y efectos sobre los recursos naturales y del medio ambiente derivados de la modernización y operación de la refinería de Cartagena Reficar”, se “considera que el cumplimiento por parte de Reficar de las obligaciones relacionadas con las medidas de compensación forestal no resulta conforme frente a lo establecido por las autoridades ambientales y las normas aplicables; así mismo se evidenció falta de seguimiento por parte de las autoridades ambientales regionales (Cardique y EPA)”, entre otras falencias. Esto significa que ni siquiera el tejido empresarial es capaz de asumir sus obligaciones de carácter ambiental, mientras que niegan la vinculación laboral del elemento raizal, sin que exista autoridad local o fuerza política que se atreva a recoger esta protesta legítima.
Muchos se quejan de la fragmentación social en la ciudad y las élites reclaman unidad y critican como polarizadoras e infundadas las justas protestas de sectores excluidos, pero las evidencias delatan la manera como defienden sus privilegios.
De acuerdo al estudio que condujo el Observatorio Antidiscriminación Racial de Cartagena (2015), entre una muestra representativa de más de 500 empresas en la ciudad de Cartagena, de los principales renglones de la economía local, sólo el 2.3% de los cargos directivos durante los últimos 10 años antes del estudio, habían sido ocupados por personas de las comunidades NARP. No obstante a que la mayoría de los trabajadores de rango medio y bajo de dichas empresas eran predominantemente afros. No hay excusas que no sean incriminatorias en contra de un sistema productivo jerarquizado, racializado y excluyente en contra de estas comunidades en una ciudad predominantemente negra. Universidades públicas y privadas de la ciudad (y del país) han formado profesionales negros excelsos por más de 50 años. Es imposible que sea un asunto de capital humano. Más bien es un sistema racista, machista, clasista, patriarcal y excluyente que le resta oportunidades a las comunidades negras, sino a todo aquel que haga parte de una minoría vulnerable (mujeres, comunidad LGBTI, población con discapacidad, víctimas del conflicto, etc.) que no se parezca al estereotípico hombre blanco de edad media que se concibe como empresario exitoso en nuestra parroquial sociedad.