Por William De la Hoz Córdoba — Arquitecto
El reciente anuncio presidencial sobre la modernización del régimen de concesiones portuarias parece traer buenas noticias: mayores inversiones, competitividad, seguridad jurídica, conectividad logística y beneficios comunitarios. Siete componentes que, bajo el atractivo concepto de modernización, proyectan un futuro prometedor para los puertos colombianos.
Pero surge una pregunta inevitable: ¿modernizar los puertos significa también modernizar la ciudad que soporta sus operaciones?
Cartagena ha consolidado durante décadas una importante actividad portuaria, mientras su infraestructura urbana ha tenido dificultades para responder al crecimiento logístico y del transporte asociado.
Manga constituye uno de los ejemplos más representativos. Allí, un terminal marítimo establecido bajo condiciones urbanas muy diferentes de las actuales ha evolucionado hasta convertirse en parte de un complejo sistema logístico, cuyas exigencias conviven con actividades residenciales, comerciales y de servicios.
Sin embargo, el problema trasciende sus límites y alcanza sectores como Martínez Martelo, Crisanto Luque El Bosque y las conexiones con Pie de la Popa, donde confluyen transporte pesado, vehículos particulares y movilidad cotidiana.
En abril de 2024, el propio Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena advirtió sobre represamientos de tractomulas asociados a dificultades operativas de la Sociedad Portuaria, señalando afectaciones sobre Manga, Martínez Martelo y El Bosque.
¿Cuánto les ha costado a estos sectores, en movilidad, infraestructura y calidad urbana, el crecimiento portuario?
A esta realidad se suma el terminal de cruceros, también localizado en Manga. Aunque su actividad difiere de la operación de carga, introduce exigencias adicionales de transporte turístico, movilización de pasajeros y conexiones con el Centro Histórico. ¿Se evalúan conjuntamente los efectos de ambas actividades sobre un territorio limitado?
La preocupación se extiende hacia Mamonal, Contecar y los corredores industriales y logísticos, donde la competitividad portuaria depende de una infraestructura que también condiciona el funcionamiento de Cartagena.
Pero lo verdaderamente inquietante es que estos conflictos no son nuevos para la planificación territorial de la ciudad.
El Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante el Decreto 0977 de 2001, ya contemplaba la necesidad de organizar las actividades portuarias, atender su relación con la estructura urbana y desarrollar soluciones viales para proteger sectores residenciales como Manga.
Han transcurrido veinticinco años. ¿Qué ocurrió con aquellas previsiones? ¿Cuáles soluciones se ejecutaron y cuáles quedaron pendientes? ¿Por qué seguimos discutiendo los mismos conflictos mientras anunciamos nuevas etapas de crecimiento portuario? ¿Esto es de conocimiento del presidente de la Republica?
Cartagena tramita actualmente un nuevo POT. Su propuesta contempla un corredor industrial, portuario y de innovación ambiental, estrategias para mejorar la infraestructura logística, mitigar impactos y atender conflictos entre actividades industriales y áreas residenciales.
Mientras el Gobierno nacional anuncia instrumentos para fortalecer las concesiones, el Distrito reconoce la necesidad de ordenar territorialmente esas actividades y corregir sus efectos urbanos.
¿Están realmente articuladas estas iniciativas o avanzan con prioridades diferentes?
A esta inquietud se suma otra de carácter económico. Entre 2020 y 2025, las terminales de Cartagena aportaron más de $114.000 millones en contraprestaciones portuarias. Sin embargo, según la distribución informada por la Alcaldía, apenas el 20 % de esos recursos corresponde al Distrito, mientras el 80 % se destina a la Nación.
El presidente reconoció en su discurso los beneficios que deben recibir las ciudades portuarias, pero no presentó una propuesta concreta para revisar esa distribución.
¿Por qué modernizar las condiciones de las concesiones sin abrir simultáneamente una discusión sobre cuánto debe retornar a las ciudades que soportan sus impactos?
No se trata de exigir que los concesionarios resuelvan todos los problemas urbanos de Cartagena, sino de establecer técnicamente qué impactos generan, qué responsabilidades les corresponden y cómo deben financiarse las intervenciones necesarias.
Uno de los componentes anunciados contempla inversiones en conectividad. Bienvenidas sean. Pero construir mejores accesos para movilizar más mercancías no significa necesariamente resolver la congestión que soportan los ciudadanos.
Antes de autorizar ampliaciones que incrementen significativamente las operaciones, debería evaluarse la capacidad real de los corredores de acceso, sus niveles de congestión y las proyecciones de tráfico pesado, identificando las obras requeridas, sus responsables, financiación y plazos.
No basta con demostrar que un puerto puede movilizar más carga; también debe demostrarse que la ciudad puede soportarla.
El Distrito tampoco puede eludir su responsabilidad. El ordenamiento territorial no debe limitarse a identificar conflictos que permanecen durante décadas sin soluciones efectivas.
Incluso resulta pertinente abrir una discusión técnica sobre el futuro de determinadas operaciones de carga en sectores urbanos consolidados como Manga y las alternativas de reorganización logística que reduzcan progresivamente las presiones sobre su entorno.
Cartagena necesita puertos competitivos, pero también barrios habitables, corredores viales funcionales y una planificación que armonice el desarrollo económico con el bienestar ciudadano.
No podemos seguir celebrando el aumento de contenedores movilizados y cruceros recibidos sin preguntarnos cuánto debe soportar la ciudad para hacerlo posible.
La modernización portuaria puede representar una oportunidad histórica. Pero si no se articula con el POT vigente, la nueva propuesta territorial y las inversiones urbanas pendientes, corremos el riesgo de repetir una historia conocida:
Puertos cada vez más modernos, mientras Manga, sus barrios vecinos y buena parte de Cartagena continúan pagando una factura urbana que nadie termina de asumir.
