La protesta pacífica, consagrada como un derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia, es un mecanismo legítimo para reivindicar derechos y visibilizar necesidades sociales, económicas, políticas y culturales.
Sin embargo, el afán de protagonismo que se percibe en algunos sectores de la ciudad genera interrogantes sobre cómo estas manifestaciones pueden afectar o incluso deslegitimar las acciones emprendidas por la actual administración distrital, la cual, a diferencia de la anterior, ha demostrado una clara intención de mejorar la calidad de vida de los cartageneros, especialmente en aspectos claves como el bienestar, la salud y la educación.
Mañana, 28 de agosto, el Sindicato Único de Educadores de Bolívar (SUDEB) tiene prevista una marcha con la que busca reivindicar ciertos derechos que, según sus integrantes, han sido vulnerados. No obstante, resulta cuestionable la pertinencia de esta manifestación en el contexto actual.
Después de un año y ocho meses de gestión, la administración distrital ha demostrado un compromiso real con la educación, considerándola un pilar fundamental en el proceso de transformación social y cultural de la ciudad. Ante estos avances, la protesta no solo carece de fundamentos sólidos, sino que termina deslegitimándose por sí misma.
La administración avanza en la construcción de cinco megacolegios ubicados en sectores estratégicos de la ciudad: Cerros de Albornoz, Pasacaballos, San José de los Campanos (Parque Heredia), Ciudadela La Paz y Bayunca. A esta importante apuesta se suma la inversión de 40 mil millones de pesos para la recuperación del emblemático Inem y una inversión histórica de 400 mil millones de pesos destinada a la rehabilitación de infraestructura educativa que por años estuvo en condiciones precarias. Estas acciones confirman el compromiso de la administración con la transformación del sistema educativo y con garantizar espacios dignos para la formación de miles de estudiantes.
Una sola frase resume el momento actual de la administración distrital: ‘Protestan, señal que se está trabajando’. Nunca antes se habían concentrado tantos esfuerzos para impulsar la educación en la ciudad; sin embargo, las exigencias del sindicato y de algunos líderes sociales deben centrarse en responder a las verdaderas necesidades del sector, evitando que en la lista de peticiones se incluyan intereses particulares que desvirtúen el propósito colectivo.
El trabajo se está haciendo y la ciudad lo percibe: a los cartageneros se les está cumpliendo. Aún restan dos años de gestión que demostrarán, con hechos, que esta administración está saldando la deuda histórica con el sector educativo.
No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y hoy la transformación está a la vista de todos.
