Por William Eduardo De la Hoz Córdoba – Arquitecto
El Caribe colombiano no nació con la división política de sus departamentos ni termina donde concluyen sus fronteras administrativas. Su identidad se ha construido durante siglos alrededor del mar, los ríos, las migraciones, los intercambios culturales y las relaciones económicas entre sus pueblos. Por eso, cuando el Congreso debate la posibilidad de convertir siete departamentos en una Región Entidad Territorial, surge una pregunta que va más allá de la autonomía: ¿estamos pensando en el Caribe que realmente somos o simplemente en una nueva organización del poder político?
La iniciativa comprende Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Sin embargo, deja por fuera territorios como el Urabá antioqueño y el litoral chocoano, vinculados geográfica, histórica y culturalmente al Caribe. ¿Acaso su pertenencia administrativa a otros departamentos les resta identidad caribeña? Esta circunstancia invita a reflexionar sobre una regionalización que reconozca las realidades territoriales, sin desconocer las dificultades constitucionales de modificar los actuales límites administrativos.
Pero también ocurre lo contrario. Dentro de los departamentos considerados caribeños existen territorios con identidades y dinámicas diferentes. El sur de Bolívar, por ejemplo, mantiene estrechas relaciones con el Magdalena Medio, sus corredores fluviales y la Serranía de San Lucas. Su pertenencia administrativa a Bolívar no significa que sus necesidades sean idénticas a las de Cartagena o los municipios costeros. La diversidad territorial debe reconocerse, no desaparecer bajo una nueva denominación regional.
La historia nos ofrece una lección que no deberíamos ignorar. Buena parte de los siete departamentos que hoy buscan integrarse pertenecieron a los antiguos Bolívar Grande y Magdalena Grande. Atlántico, Córdoba y Sucre se separaron de Bolívar, mientras Cesar y La Guajira surgieron de procesos de reorganización territorial vinculados al antiguo Magdalena. Aquellas divisiones respondieron, entre otras razones, a aspiraciones de autonomía, representación política y mayor atención a territorios distantes de sus capitales. Hoy, varias décadas después, buscamos nuevamente integrarnos. ¿Qué aprendimos de aquellas separaciones?
Un estudio publicado por el Banco de la República en noviembre de 2025, titulado Impacto de la división territorial sobre la pobreza municipal a largo plazo, encontró que las separaciones departamentales examinadas no produjeron efectos estadísticamente significativos de largo plazo sobre la pobreza municipal. El hallazgo no desconoce otros posibles beneficios de aquellas divisiones, pero deja una advertencia: cambiar la organización territorial no garantiza por sí solo mejores condiciones de vida. Ayer nos dividimos buscando autonomía; hoy pretendemos integrarnos para alcanzar mayor desarrollo. ¿Estuvo realmente el problema en el tamaño de nuestros territorios o en la manera como los hemos gobernado?
Aquí surge otro interrogante: ¿para qué queremos autonomía regional? Si el propósito es acercar las decisiones a las comunidades, mejorar la planificación y corregir desigualdades históricas, debemos discutir los instrumentos concretos para lograrlo. Pero si el resultado termina siendo otra estructura burocrática, con nuevos cargos, presupuestos y escenarios de negociación política, habremos cambiado la ubicación del poder sin transformar las condiciones de vida de la población.
Los recursos públicos no pertenecen a gobernadores, congresistas ni dirigentes políticos. Pertenecen a todos los colombianos. Antes de crear una nueva entidad territorial, debe conocerse cuánto costará su funcionamiento, cuáles serán sus fuentes de financiación, quién administrará sus recursos y qué controles efectivos impedirán su utilización indebida. No se trata de presumir malas intenciones, sino de establecer garantías para que una aspiración histórica no termine convertida en otro escenario de clientelismo, disputas políticas o corrupción.
Igualmente, importante resulta definir cómo se distribuirán las inversiones. ¿Recibirá cada departamento una participación proporcional a su población? ¿Se impondrá la capacidad de negociación de sus dirigentes? ¿O se establecerán criterios técnicos que prioricen pobreza, necesidades básicas insatisfechas, aislamiento territorial, déficit de infraestructura y vulnerabilidad ambiental?
Una verdadera integración regional debería prestar especial atención a los territorios con mayores carencias. La Guajira exige respuestas estructurales frente a sus dificultades de acceso al agua y a los servicios esenciales. También las poblaciones rurales y ribereñas del sur de Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena requieren inversiones que respondan a sus realidades. Y si hablamos del Caribe geográfico, no podemos ignorar al Darién chocoano ni al Urabá antioqueño, aunque su articulación institucional demande mecanismos diferentes.
Desde el urbanismo y la planificación regional, tampoco podemos reducir el Caribe a sus capitales. Los ríos Magdalena, Cauca, Sinú y Atrato, las conexiones terrestres, los puertos, las zonas productivas y los ecosistemas conforman sistemas que trascienden las fronteras departamentales. Cartagena, con su importante actividad portuaria, industrial y turística, es ejemplo de cómo la generación de riqueza puede coexistir con profundas desigualdades urbanas y sociales. No basta con conocer cuánto produce un territorio; debemos preguntarnos cuánto se invierte en él y cómo se distribuyen los beneficios.
La autonomía no garantiza equidad. Sin criterios transparentes de inversión, representación efectiva de los municipios, participación ciudadana y vigilancia permanente, corremos el riesgo de sustituir el centralismo nacional por otro regional, donde las capitales y los sectores con mayor influencia concentren las decisiones.
El Caribe que queremos no puede limitarse a la suma de siete gobernaciones ni a la creación de otra instancia administrativa. Debe ser una región que reconozca su diversidad, aprenda de su historia y convierta la autonomía en bienestar colectivo. Porque no necesitamos una nueva región para acercar los recursos públicos a los políticos; necesitamos una organización territorial capaz de acercar las oportunidades, las inversiones y el desarrollo a las comunidades históricamente olvidadas.
