Por Danilo Contreras
El hambre es aniquilamiento de la dignidad humana, la negación de Estado Social de Derecho y del concepto de democracia real. Donde el hambre campea no existe la autonomía que le permite a las personas adoptar decisiones libre y racionalmente, ni existen los derechos fundamentales que reza solemnemente la Constitución, ni autoridades que merezcan legitimación o apoyo ciudadano, si prevalece el hambre.
En 2016 el Dane publicó cifras que denunciaban que Cartagena era, entre las 13 principales ciudades del país, la tercera con mayores niveles de pobreza y la segunda con mayor exclusión. Pese a esto, algunos sectores han llegado hablar de “mitos urbanos” alrededor de esas cifras dramáticas.
Ahora el Dane nos estrella una vez más con una realidad a la que las autoridades dejaron de atender hace 4 años cuando se publicó la estadística. Dicen los nuevos datos que el 65% de la población local deja de consumir las tres comidas diarias, al tiempo que Cedetrabajo anuncia que en los próximos meses los niveles de pobreza podrían alcanzar un 47% de la población local.
La única estrategia conocida desde aquellas cifras de 2016 ha sido la expedición de una ley concebida desde las élites locales, como lo es la ley 2038 de 2020, que tiene la virtualidad de mover los centros de decisiones en el distrito, de las corporaciones y cargos elegidos democráticamente, esto es, concejo y alcaldía, hacia una junta directiva que cuenta con las exorbitantes facultades de identificar, estructurar, aprobar, ejecutar y liquidar proyectos y programas destinados a erradicar la pobreza extrema en la ciudad, con la ñapa de monopolizar la contratación que se realizará bajo régimen de derecho privado, que en palabras castizas significa contratación a dedo; y para rematar, por un periodo que podría extenderse a 20 años, quizás más.
La administración actual ha respaldado esa iniciativa legislativa que cercena las facultades de la propia alcaldía y en contraste recorta, omite y restringe las posibilidades de ejecución de presupuestos destinados a paliar la grave situación de hambre que viven más de 650 mil paisanos cartageneros.
La propia directora del PES denunció a El Universal que para 2020 contó con un presupuesto equivalente a $10.439 millones, pero que el mismo le fue recortado para quedar en suma equivalente a $8.507 millones, de los cuales solo había ejecutado a noviembre unos $1.723 millones, vale decir, el 20.26% del total asignado a esa dependencia. Entre tanto se vio a la abnegada directora del PES entregando hamburguesas donadas por una marca multinacional en medio de las inundaciones que azotaron nuevamente la zona suroriental por cuenta del huracán Iota. Una “filantropía” que muchos aplauden sin considerar la circunstancia esencial del recorte presupuestal.
Por su parte, otra dependencia relacionada con gasto social como lo es la Secretaria de Participación presenta niveles de ejecución presupuestal a noviembre, equivalentes a 31.1%, según datos de la Secretaria de hacienda; pero además es grave que mediante decreto No 0545 de 22 de abril, se le hayan cercenado las facultades de contratación a una dependencia estratégica para mitigar los problemas de pobreza en la ciudad.
El anuncio populista de campaña del alcalde Dau que prometía irrigar miles de millones de pesos en los barrios marginados a fin de combatir la pobreza y el hambre se quedaron en eso, meras promesas, pues no encontró el mandatario, el camino adecuado para hacer realidad el juramento. Las promesas suelen ser bellas, las realidad a menudo son amargas.
No hay una política seria en Cartagena para enfrentar ese ciclope que devora a los más pobres en la ciudad. A duras penas se ha sabido de una intermitente entrega de “mercaditos” a un porcentaje mínimo de la población y de programas nacionales como “Ingreso solidario” por virtud del cual se han entregado unos $37 mil millones a razón de $160 mil pesos.
Entre tanto en Bogotá con recursos del crédito inclusive, se financia un programa de renta básica en el marco un acuerdo social con la Nación por valor de $3.8 billones, que entre otros programas le permitirá a la alcaldesa López cubrir unos 770 mil hogares este año, con una proyección de 900 mil para 2021.
El programa permite llegar al número de hogares referido durante cinco ciclos ofreciendo $240.000 a hogares pobres y $160.000 a hogares que muy probablemente cayeron en pobreza durante la pandemia.
Los alivios se complementan con una política fiscal progresiva que aumenta tasas impositivas a sectores que mantuvieron su dinámica productiva en pandemia, en tanto que se disminuyen impuestos a los sectores más perjudicados en el periodo.
Por lo menos sería deseable que la administración local echará una mirada a estas políticas a ver si cuando menos las copia.
Ningún esfuerzo debe escatimarse para evitar a un cartagenero padezca el oprobio y la indignidad del hambre.
Será q que le están devolviendo
Réditos de los impuestos de los recaudos de nuestros propios impuestos por qué para q se enteren ya él pueblo despertó ya no se puede engañar al pueblo todos los impuestos q trabajamos la clase obrera del país es plata nuestra para pagar el desarrollo de nuestro país departamento ciudad corrimiento barrió y para pagarle
A todos los funcionarios del gobierno ellos son servidores públicos y se les está cayendo el castillo porq ya el pueblo no es innorante