Sí, con respecto a la escabrosa millonaria adjudicación de la licitación de los pasaportes y visas para Colombia, que maneja la Cancillería, lo que hay de fondo, es una cruenta disputa entre grupos de poder en un juego con demasiado dinero de por medio.
El primer grupo interesado en asestar el golpe de gracia es el que se armó en la costa Atlántica para llegar al gobierno con el presiente Petro, tropa compuesta por Armando Benedetti, el Clan Torres, Alfonso Prada, Laura Sarabia, en donde se habría sumado la primera dama Verónica Alcocer y con ella, para el contrato de los pasaportes, sus amigos Alex Vernot y su esposa Laura Guillem. Hay que advertir, que en Palacio de Nariño se dice que la dueña de la Cancillería colombiana es Verónica Alcocer.
El otro grupo interesado, es el de los hermanos Carlos, Felipe y Fernando Bautista dueños de la empresa Thomas Greg & Sons, entidad que maneja actualmente el contrato de la elaboración de los pasaportes en Colombia.
Por: Alfredo Serrano Zabala/Escritor y periodista
El periódico El Tiempo del 28 de febrero de 2024, en su artículo ¿Canciller Murillo fue condenado por peculado, como dice Salazar, y está inhabilitado? Indicó que José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro, confirmó que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo estaba inhabilitado.
El rotativo capitalino dijo que cuando Murillo salió a denunciar que Salazar por haber adjudicado el contrato de suministro de pasaportes, actuó de manera inconsulta, Salazar ripostó y señaló que Murillo se hallaba inhabilitado para ocupar cargos públicos por haber sido, en el pasado, condenado de peculado por destinación diferente.
La Unidad Investigativa del periódico El Tiempo, pudo establecer que Murillo había celebrado el contrato número 104 del 5 de septiembre de 1994, con un particular para llevar a cabo arreglos locativos en la escuela Pascual de Andagoya, por un monto de 5 millones de pesos, dinero que había tomado con destinación diferente del programa: “saneamiento ambiental en zonas mineras del departamento del Chocó”, y los invirtió en el sector educación.
En esa ocasión, al hoy canciller encargado Luis Gilberto Murillo, le impusieron una pena de seis meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el término de un año. Luego la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió el fallo
por falta técnica, en providencia del 17 de marzo de 1998, entonces quedó ejecutoriada la sentencia condenatoria. Para sustentar lo anterior, José Antonio Salazar mencionó que el artículo 122 de la Constitución prohíbe que, en Colombia, una persona que haya sido condenada en cualquier tiempo ocupe un cargo público.
En sus apartes el artículo 122 indica que… no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado…
Por ahora las autoridades en el país debe determinar si el ex secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar cuando anuló la resolución que declaró desierta la primera licitación de pasaportes y luego adjudicó el contrato de los pasaportes por 599 mil millones de pesos a la empresa Thomas Greg & Sons, tenía o no facultades legales, advirtiendo que desde el día viernes 23 de febrero de 2024, el mismo canciller Murillo le había devuelto las facultades para hacerse cargo de la licitación y en eso sustentó su polémica decisión Salazar, de adjudicar el multimillonario contrato.
Ahora la revista Semana este 27 de febrero de 2024, reveló un documento que demostraría que el día que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo iba a despedir de su cargo al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, le entregó facultades para contratar y el funcionario actuó conforme a sus responsabilidades contractuales, es decir, adjudicó la licitación de los pasaportes a la empresa colombiana Thomas Greg & Sons y ahí fue troya.
No obstante, la resolución 1344 del 22 de febrero de 2024, contradice al canciller encargado Murillo, porque el documento, en poder de la Procuraduría, firmado por su puño y letra, en su artículo 4 hace mención a la entrega de facultades para contratar al secretario general José Antonio Salazar, facultades que el canciller Álvaro Leyva le había quitado. Entonces Salazar en declaraciones a los medios de comunicación dijo que la mejor salida legal para el Gobierno era entregar el contrato al único proponente y procedió a adjudicar la licitación la Thomas Greg & Sons.
El aparte del documento dice textualmente: “Artículo 4: delegar en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores (José Antonio Salazar) la dirección de los procesos de contratación, cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios, sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y, en general, todos los actos relacionados con los mencionados procesos contractuales”, se lee en la resolución que firmó Murillo.
