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¡La suspensión de Dau es inminente!

Pese a las demandas interpuestas por el alcalde William Dau Chamat en contra de la solicitud de suspensión de la Contraloría Distrital que pretende frenar dicho acto, el mandatario distrital tendría los días contados en el despacho del Palacio de La Aduana.

Es así como esta semana sería separado de su cargo, de manera temporal mientras el órgano de control adelanta la investigación tras posibles hallazgos fiscales al contrato S.A. BUS – DADIS-UAC-047-2021, celebrado para la compra de pruebas rápidas de covid-19 en el 2020, en plena pandemia. La Contraloría advirtió que ese presunto detrimento estaría por la suma de 1.098 millones de pesos.

Dos ‘bombas de humo’ fueron lanzadas por parte del mandatario con las que pretendía distraer la atención y dilatar el proceso. Una ante el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena y otra que está siendo estudiada por parte del Gobierno Nacional que es un documento de 100 páginas. Pues bien, lo que se ha logrado establecer es que la primera de ellas fue rechazada por el despacho judicial en cabeza del juez José Luis Otero Hernández quien le dio la razón al ente de control.

La segunda ‘bomba de humo’ o recurso que lanzó la administración Dau y que está siendo estudiada por el Gobierno de Iván Duque habría sido igualmente rechazada y todo hace prever que a nivel nacional se acogerán a lo dispuesto en la carta magna colombiana y la suspensión del alcalde será inminente. Y es que, según los entendidos consultados por ESOVA NOTICIAS, el presidente Duque no suspendería al alcalde antes de la segunda vuelta presidencial temiendo que fuera tomado esto como una decisión política.

APARTES DE LA DECISIÓN DEL JUEZ

La decisión sostiene que tras el asunto, la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2022 no constituye un acto administrativo definitivo que pueda ser demandado ante dicha jurisdicción, como quiera que no contiene una decisión de fondo, ya que la decisión definitiva es la que termina el proceso de responsabilidad fiscal, por así disponerlo expresamente la ley.

Es decir, el alcalde no puede interferir en una investigación aludiendo a un acto administrativo como tal. Se concluye entonces que la legalidad del acto administrativo acusado no es susceptible de ser controlada ante la jurisdicción contencioso administrativa, dado que el mismo no contiene una decisión que cree, modifique o extinga una situación jurídica particular, porque tan solo se trata de un acto de naturaleza preparatoria expedido en el transcurso del juicio de responsabilidad fiscal para que eventualmente se adopte una decisión que defina la situación jurídica del funcionario investigado, siendo ésta la que sí resultaría pasible de control jurisdiccional

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