Por Danilo Contreras
Desde la década de los 80s el neoliberalismo planteó el traslado de las concepciones y buenas prácticas de gobierno en el sector privado hacia el sector público, de esa manera el Estado va dejando de tener como objetivo el bienestar de la población y su finalidad estratégica pasa a ser el incremento del crecimiento económico y la instalación de un clima de inversiones y negocios.
Wendy Brown, politóloga norteamericana, en su obra “El Pueblo sin Atributos” expone que la gobernanza neoliberal facilita una fusión del poder político con el poder económico al borrar las diferencias entre las metas de los Estados y las del capital. Esto modifica el modelo típico de los fenómenos de corrupción (dice la autora), que se identificaban como el uso de bienes públicos para favorecer el interés privado. Modernamente, para la racionalidad neoliberal, esta definición carece de relevancia pues ahora solo prevalecen los intereses privados y esto se concreta, entre otros métodos, a través de las leyes, pues mediante las leyes se normaliza la prevalencia del interés privado sobre el interés colectivo. Así, lo político y la ley se convierten en un objeto más del mercado. Lo público es privatizado, luego los únicos valores son los del mercados y como consecuencia desaparecen las limitaciones al capital.
Eso parece suceder patéticamente con la figura contractual de las concesiones, en donde la flexibilización de las normas NO parece favorecer la construcción de bienes públicos, sino el interés concentrador de supuestos inversionista de capital a cuya merced se pone el presupuesto estatal por medio de vigencias futuras o impuestos de valorización para que arranquen empresas sin riesgo alguno para el capital propio. Así cualquiera.
La ciudadanía ha perdido definitivamente la confianza en la figura de las concesiones tal y como se conciben hoy. Ejemplos abundan por doquier y los casos de Cartagena y de la Concesión Vial Ruta Caribe, son botones de muestra de esta irregularidad estructural que socava la democracia y la soberanía popular.
Casualmente por estos días, la prensa nacional recuerda como el tristemente célebre Roberto Prieto, se enfrenta a un proceso penal como presunto responsable de celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito, pues la Fiscalía encontró que Prieto intercedió ante la ANI, puntualmente ante Luis Fernando Andrade, para que le otorgarán el otrosí número cinco del contrato de estudios y diseños de puente Plato en Magdalena a Yuma Concesionario, para que este a su vez sub contratara con la firma Consultores Unidos. Ese contrato tenía un valor de casi $6.000 millones, de los cuales $900 millones debían ser entregados a Prieto.
En Cartagena, desde diciembre de 2016, la Contraloría Distrital había denunciado que la Tasa Interna de Retorno pactada para el pago del Corredor de Carga de la Ciudad se alcanzaría en Enero de 2017. El Concesionario, con la eficiente colaboración de entidades adscritas a la Alcaldía de Cartagena, logró confundir a la opinión señalando que la auditoria emanada del órgano de Control mencionado era espuria por ser producto de una extorsión a la que supuestamente no accedió la Concesión Vial; sin embargo la extorsión nunca se demostró.
Con posterioridad, en 2018, mediando una solicitud de control excepcional de la ciudadanía organizada a través de la veeduría Control Visible, elevada a la Contraloría General de la República, se ratifica el hecho esencial de que los cartageneros habíamos pagado ya el precio del Corredor, con el agravante de señalar que ese pago se había logrado en 2015 y determinar que el Daño Patrimonial Objetivo alcanza unos $300 mil millones pagados de más; una monstruosidad que no hubiese ocurrido sin la concurrencia de muchas autoridades.
La decisión ha indignado a la ciudadanía que se niega a pagar peajes, incluso por vías de hecho.
Con la Concesión Vial Ruta Caribe ocurren situaciones que deben obligar a las autoridades nacionales a mirarse en el espejo de Cartagena y prohijar una virtud que Albert Camus reclamaba por boca de uno de los personajes de su obra clásica “La Peste” a los funcionarios públicos: La “Clarividencia” para adelantarse a los hechos y proveer soluciones.
De manera inquietante, el Otrosí No. 5 de fecha 27 de abril de 2016, acordó modificar dos años antes de vencer el plazo de permanencia mínima que inicialmente se consignó en el Contrato de Concesión 008 de 2007. Allí se señalaba qué este sería de diez (10) años, vale decir, vencía en 2018.
Sin embargo, convenientemente quizás, mediando demanda arbitral del Concesionario y demanda de reconvención por parte de la ANI, se construye una conciliación entre las partes conforme a la cual la fecha de terminación del “Periodo de Permanencia Mínima” y la Fecha de Terminación de EL CONTRATO será el treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020); con una salvedad, y es el establecimiento de una cláusula de “retorno esperado” que le permite al Concesionario seguir cobrando peajes por dos años más allá de la fecha de terminación del contrato a efectos de lograr el denominado “ingreso esperado” que se fundamenta en la “normatización” contractual de la consideración del monto del precio propuesto por el contratista. Todo quedó legalizado en el otrosí No 5 de 2016.
No puede perderse de vista que el termino máximo de ejecución del contrato se pactó en el contrato original en un término equivalente a 26 años, hasta 2034, circunstancia que resulta propicia a la estrategia de agregar otrosíes y adiciones que evaden la selección abierta y objetiva de nuevos contratistas, y el escenario perfecto para proponer nuevas obras y prorrogar la permanencia de estos peajes que más parecen tiendas prosperas y bien ubicadas en favor de afortunados contratistas. La transparencia no es el rasgo característico de las modernas concesiones en el país y el pueblo les perdió la confianza.
En Turbaco, ante lo que consideramos una expoliación por constituirse la caseta de cobro ubicada en el municipio como un peaje interno que modifica el ordenamiento del territorio sin que las autoridades locales se hayan pronunciado al respecto, la ciudadanía organizada ha decidido acudir nuevamente a la Contraloría General de la República, como lo hicieron los ciudadanos organizados en Cartagena, para develar el entuerto de la Concesión Vial Corredor de Carga. Esta vez solicitaremos al Contralor General una auditoria “preventiva y concomitante” a efectos de que, como se ha presentado el caso de que supuestamente el día treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020) no se ha alcanzado el Ingreso Esperado, se proceda con la medición final del índice de Estado y verificación del cumplimiento del mismo de conformidad con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO del EL ACUERDO, pero esta vez bajo la supervisión de máximo órgano de control fiscal del país.
Aspiramos a que los congresistas que se han mostrado sensibles al clamor de la ciudadanía, coadyuven y hagan seguimiento a este requerimiento.
