Sin efectos legales quedó el acto administrativo expedido por el mandatario William Dau que ordenaba el cierre de Playa Blanca. La decisión judicial tomada por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas de Cartagena dejó en evidencia que no hubo socialización con los consejos comunitarios de la isla de Barú.
Se trata del Decreto 1239 del 14 de septiembre de 2023, donde se prohibían las actividades económicas en todos los balnearios, para cumplir con una supuesta recuperación de los ecosistemas impulsada desde la secretaría del interior.
“La medida si bien tiene como fundamento la protección ambiental, compromete los derechos de la comunidad afrodescendiente que reside y trabaja del turismo, de la explotación de los recursos naturales de esas playas, y se ve directamente afectada en sus dinámicas sociales, culturales, económicas, laborales y ancestrales al restringírseles su uso”, expresó la sentencia.
El administrador de justicia también obligó al distrito, a realizar una consulta previa con el Ministerio del Interior para tomar futuras decisiones que puedan impactar el comercio de la isla. El 24 y 25 de octubre se tenía previsto el próximo cese de actividades.
