Aguas de Cartagena respondió con lo que seria un regaño en lugar de transparencia a peticiones hechas por veedurías ciudadanas. La entidad calificó como “abuso” y “desgaste administrativo injustificado” el derecho de petición de la veeduría VEJUCA, que exige cuentas sobre una deuda cercana al billón de pesos, el reparto de dividendos a Veolia y el manejo de las tarifas que pagan más de un millón de cartageneros.
La respuesta oficial de ACUACAR califica como posible «abuso» y «desgaste administrativo injustificado» el ejercicio de control social de una veeduría ciudadana que pide cuentas sobre una deuda de $977.000 millones, el reparto de dividendos a Veolia y el manejo de las tarifas que pagan más de un millón de cartageneros.
Lo que debió ser una respuesta de fondo a 48 preguntas legítimas sobre la administración de los recursos de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. (ACUACAR) se convirtió en un oficio que más parece un regaño institucional que una contestación transparente. El pasado 23 de septiembre, el Gerente General de ACUACAR, John Montoya Cañas, respondió al derecho de petición presentado por la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena (VEJUCA) con una comunicación en la que, antes de abordar siquiera una de las preguntas formuladas, advirtió que el derecho de petición «no es absoluto» y que «no puede convertirse en un instrumento de abuso que genere desgaste administrativo injustificado».
La reacción del gerente sorprende, sobre todo si se tiene en cuenta lo que VEJUCA estaba preguntando.
¿QUÉ PREGUNTÓ LA VEEDURÍA?
El 10 de septiembre de 2026, VEJUCA radicó ante ACUACAR un derecho de petición de nueve páginas con 48 requerimientos documentales organizados en ocho capítulos. No se trataba de preguntas caprichosas ni de un ejercicio retórico. El cuestionario se dirigió al corazón de la gestión financiera, contractual y tarifaria de una empresa que presta el servicio de acueducto y alcantarillado a toda la ciudad de Cartagena y en cuya composición accionaria el Distrito posee el 50% de las acciones, mientras el grupo multinacional Veolia (antes Suez/SGAB) controla el 45,9%.
Entre los temas que la veeduría solicitó esclarecer documentalmente se encuentran los siguientes:
LA DEUDA DE CASI UN BILLÓN DE PESOS.
Según señalamientos públicos de autoridades y medios de comunicación, ACUACAR mantiene un endeudamiento del orden de $977.000 millones. VEJUCA pidió el detalle completo de esa deuda: acreedores, tasas, vencimientos, garantías y, sobre todo, cómo es posible que una empresa con semejante nivel de endeudamiento continúe distribuyendo dividendos a sus accionistas, incluido el socio operador extranjero.
LOS DIVIDENDOS QUE NO LLEGAN AL DISTRITO.
La veeduría solicitó la certificación del reparto de utilidades de las vigencias 2024 y 2025, con discriminación de cuánto recibió efectivamente el Distrito de Cartagena y cuánto se giró a Veolia y a los accionistas privados. Según la petición, Cartagena habría dejado de percibir alrededor de $14.000 millones en dividendos por no ajustar su participación accionaria, mientras se prioriza el pago a inversionistas privados.
EL COBRO POR «GERENCIAMIENTO DE REDES».
Uno de los puntos más sensibles del cuestionario es el señalamiento de que un cobro denominado «gerenciamiento de redes», que en principio debería asumir la empresa operadora dentro de su remuneración contractual, se estaría trasladando al usuario final con cargo a los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3 a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI). En otras palabras: los más pobres de Cartagena podrían estar financiando un concepto que le corresponde pagar a la propia empresa.
LAS INVERSIONES COFINANCIADAS FACTURADAS COMO PROPIAS.
VEJUCA también preguntó sobre obras financiadas con recursos del Distrito, la Nación y la banca multilateral que se estarían incluyendo en la tarifa como si el 100% del capital proviniera de recursos de ACUACAR, cuando el aporte real de la empresa sería del orden del 70%.
EL ACUEDUCTO DE TIERRABOMBA.
Con un presupuesto inicial cercano a $62.000 millones, esta obra comprometida en el Otrosí No. 3 al contrato de operación sigue pendiente, y el propio interventor del contrato ha advertido faltantes de recursos para cumplir las inversiones comprometidas.
LAS RESPUESTAS CONTRADICTORIAS A LA CONTRALORÍA.
La veeduría puso de presente que la propia Contralora Distrital ha manifestado preocupación por la «disparidad de respuestas» de ACUACAR frente a requerimientos oficiales sobre modificaciones al plan de obras, lo que podría configurar una hipótesis de ocultamiento o distorsión de información al órgano de control fiscal.
Además, VEJUCA solicitó las actas de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas, la relación completa de contratos con partes relacionadas del grupo Veolia, los salarios y beneficios del personal directivo, los informes de auditoría y el detalle de los hallazgos de los órganos de control.
LA RESPUESTA: UN REGAÑO EN LUGAR DE INFORMACIÓN
En lugar de responder, ACUACAR se tomó 13 días para emitir un oficio de un solo párrafo sustantivo en el que se limitó a invocar el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 para extender el plazo hasta el 24 de octubre de 2026, calificando previamente la petición como un potencial «abuso» generador de «desgaste administrativo injustificado».
Desde la veeduría se advierte que esa calificación es jurídicamente improcedente. VEJUCA es una organización de control social constituida bajo la Ley 850 de 2003, cuyo artículo 17 establece expresamente que «la información solicitada por las veedurías es de obligatoria respuesta». No se trata de un ciudadano pidiendo un favor: se trata de un mecanismo democrático ejerciendo la función de vigilancia que la Constitución Política le asigna en sus artículos 103 y 270.
VEJUCA ha anunciado que, si no recibe respuesta de fondo dentro del término legal, interpondrá acción de tutela por violación al derecho fundamental de petición y pondrá los hechos en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Cartagena merece saber cómo se administra la empresa que le cobra el agua cada mes. Merece saber por qué una sociedad con una deuda cercana al billón de pesos sigue repartiendo utilidades a una multinacional. Merece saber si los subsidios que el Distrito destina a los estratos más vulnerables están llegando efectivamente a aliviar la tarifa de quienes menos tienen, o si se están desviando para pagar conceptos que la empresa debería asumir con sus propios ingresos.
Que la gerencia de ACUACAR se moleste porque una veeduría ciudadana haga estas preguntas no es una señal de abuso del derecho de petición. Es, tal vez, la señal más elocuente de que esas preguntas necesitaban hacerse.
