A cinco días de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral realizó el foro ‘Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia’, convocado junto a la revista CAMBIO en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las tres magistradas de la Sala Plena —Alba Lucía Velásquez, Maritza Martínez Aristizábal y Fabiola Márquez Grisales— presentaron el balance institucional de la implementación de la Ley 2453 de 2025 y anunciaron las garantías reforzadas que rodearán la jornada electoral del 31 de mayo.
CIFRA CLAVE DEL FORO El 78 % de las candidatas en procesos electorales en Colombia ha reportado haber sido víctima de algún tipo de violencia política, incluidas agresiones psicológicas, económicas, digitales y sexuales. Estudio “3.000 voces por la democracia”, ONU Mujeres, 2025.
A esa cifra se suma la brecha de representación documentada en el actual ciclo: en las elecciones al Congreso de la República de 2026 las mujeres representaron el 40,9 % de las candidaturas, pero solo ocuparon el 29,98 % de las curules. La distancia entre participación y representación efectiva es uno de los efectos visibles de la violencia política basada en género, y traza el horizonte de protección que el CNE asume como mandato constitucional.
Tres dimensiones del problema, tres respuestas institucionales
En el primer panel, dedicado a la violencia digital y la desinformación contra mujeres en política en el marco electoral, la magistrada Alba Lucía Velásquez insistió que la violencia política contra las mujeres es una afectación que trasciende el caso individual y compromete el corazón mismo del sistema democrático.
En ese sentido, hizo un llamado a las organizaciones políticas a asumir un rol activo en la prevención: “Cuando se le hace daño a una mujer, no solo se le hace daño a ella, sino también a la democracia. Los cambios deben comenzar desde las organizaciones políticas, base fundamental del sistema político colombiano”, señaló la magistrada.
En el mismo panel intervino Marisol Rojas Izquierdo, Jefa de Comunicaciones del Consejo Nacional Electoral, quien expuso la lectura institucional sobre los ataques de género documentados durante el actual ciclo y subrayó que la protección de candidatas, precandidatas y lideresas en el entorno digital es hoy una garantía política central del CNE.
El organismo ha desplegado un monitoreo permanente de discursos discriminatorios y campañas de desinformación con sesgo de género, en coordinación con las instituciones competentes. “Antes estábamos desprotegidas, pero a la actual normativa le falta fortalecerse y mantener un trabajo conjunto con entidades e incluso con medios digitales. Los ataques nos afectan no solo en lo profesional, sino también por el físico, o creen que al ocupar cargos de relevancia venimos ‘de parte de’ o ‘en nombre de alguien’. Eso también es violencia”, advirtió.
En el segundo panel, sobre los mecanismos para cerrar la brecha entre la denuncia y la acción efectiva del Estado, la magistrada Maritza Martínez Aristizábal explicó los procedimientos con los que cuenta hoy el CNE para acompañar a una mujer que denuncia violencia política.
Recordó que la Ley 2453 de 2025 obliga a reportar los casos a la Plataforma URIEL, al CNE, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Defensoría del Pueblo, y enfatizó que rutas accesibles, seguras y libres de revictimización, junto con la articulación con la Procuraduría, la Fiscalía y la jurisdicción ordinaria, son la pieza que garantiza que las denuncias no se queden en el papel.
“Las mujeres no deben ser instrumentalizadas. A las mujeres se les debe garantizar financiación, asesoría y lo necesario para su ejercicio político, porque son ellas las más perseguidas en la política”, afirmó la magistrada.
En el panel de cierre, la magistrada Fabiola Márquez Grisales presentó los aprendizajes del primer año de aplicación de la Ley 2453 de 2025 y fijó las prioridades poselectorales del organismo, insistiendo en que la implementación efectiva exige presupuesto, capacidad técnica sostenida, articulación interinstitucional permanente y la creación de protocolos internos por parte de los partidos políticos.
“El CNE y toda la institucionalidad deben priorizar el esfuerzo para frenar la violencia política contra las mujeres. Si no se afianza esto, tendremos una ley de papel y los avances serán mucho más lentos. Nosotras llevamos muchas décadas reclamando protección para que la mujer sea libre de hechos de violencia política en su ejercicio. Tenemos como desafío luchar contra la violencia digital”, enfatizó la magistrada Márquez.
Garantías reforzadas para la jornada del 31 de mayo
En el foro, el CNE reafirmó las medidas con las que llega a la jornada electoral del 31 de mayo en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres: • Monitoreo digital reforzado. Seguimiento permanente de los ataques de género en redes sociales contra candidatas, precandidatas y lideresas, en coordinación con las instituciones competentes.
• Aplicación efectiva de la Ley 2453 de 2025. El CNE ejerce sus competencias administrativas para prevenir, investigar y sancionar actos de violencia política contra las mujeres durante el ciclo electoral.
• Rutas de denuncia activas. Canales institucionales habilitados —Plataforma URIEL, CNE, Registraduría y Defensoría del Pueblo— antes, durante y después de la jornada electoral.
• Articulación interinstitucional. Trabajo coordinado con la Procuraduría delegada para Asuntos Electorales, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Registraduría.
• Pedagogía electoral con enfoque de género. Contenidos específicos sobre derechos políticos de las mujeres y rutas para denunciar la violencia política de género.
Micrositio Mujeres en Política del CNE: plataforma para visibilizar, prevenir y orientar
El micrositio Mujeres en Política del Consejo Nacional Electoral (https://mujeresenpolitica.cne.gov.co/) es la plataforma institucional dispuesta por la máxima autoridad electoral colombiana para visibilizar, prevenir y orientar la atención de la violencia contra las mujeres en política (VCMP), entendida como toda acción, conducta u omisión que busca menoscabar, restringir o anular el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
En un contexto en el que el 78 % de las candidatas en Colombia ha reportado haber sido víctima de algún tipo de violencia política —psicológica, económica, digital, simbólica o sexual, según el estudio 3.000 voces por la democracia de ONU Mujeres—, este espacio reúne información normativa, rutas de denuncia, materiales pedagógicos y herramientas de articulación con entidades como la URIEL, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo.
Más que un repositorio digital, el micrositio se proyecta como una apuesta del CNE por consolidar una democracia paritaria y libre de violencias, en la que la participación femenina en cargos de representación y decisión pública pueda ejercerse en condiciones reales de igualdad, seguridad y dignidad.
Junto a la voz institucional del CNE, el foro reunió a la senadora Angélica Lozano; a la procuradora delegada para Asuntos Electorales, Yolima Carrillo Pérez; a la representante de ONU Mujeres, Paola Gómez Puerta; a la economista y exministra, Cecilia López Montaño; a la presidenta de la Red Nacional de Mujeres Políticas y Sociales, Luceidy Rodríguez Contreras, y a figuras como Ana Bejarano, Catalina Moreno (Fundación Karisma), Nadia Sánchez (Fundación SheIs) y Sandra Martínez (Transparencia por Colombia). Los paneles fueron moderados por las periodistas Patricia Lara Salive, María Jimena Duzán, Claudia Palacios y Ana María Cuesta.
El Consejo Nacional Electoral reitera su llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las campañas y a los medios de comunicación para que el 31 de mayo de 2026 las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos —postularse, hacer campaña, votar y ejercer veeduría— en entornos libres de violencia digital, simbólica, institucional, física, psicológica, económica y sexual. Sin mujeres no hay democracia plena con Legitimidad y Transparencia.
