En Bolívar, el control fiscal vuelve a estar bajo la lupa. La Red de Veeduría a la Rama Judicial, Vejuca, reveló serias inconsistencias en los informes de auditoría de cumplimiento del 2024. Lo que en su momento la Contraloría Departamental de Bolívar, bajo la gestión de Edilberto Mendoza, calificó en algunos municipios como hallazgos ‘sin incidencias’ y en otros solo con incidencias administrativas, hoy aparecen con posibles implicaciones penales y disciplinarias.
Un hecho que cuestiona la transparencia de los procesos de vigilancia y pone en entredicho la credibilidad institucional encargada de proteger los recursos públicos y el control fiscal en el departamento de Bolívar.
El caso ha sido trasladado a la nueva contralora departamental de Bolívar, quien deberá pronunciarse sobre las observaciones presentadas. Sin embargo, más allá de un pronunciamiento oficial, lo que está en juego es la confianza ciudadana en los órganos de control.
Si las auditorías se convierten en trámites superficiales que ocultan irregularidades, se erosiona la legitimidad del sistema y se abre la puerta a la impunidad. Para la Veeduría está claro que Bolívar necesita un control fiscal real, riguroso y transparente, capaz de garantizar que los recursos públicos se administren con responsabilidad y en beneficio de la ciudadanía.
La nueva contralora tiene la palabra
En los próximos días se espera un pronunciamiento por parte de la nueva contralora departamental de Bolívar, Tatiana Romero, quien deberá hacer claridad sobre las irregularidades detectadas.
En un departamento donde los municipios están marcados por la desigualdad y la corrupción histórica, la revelación de la veeduría Vejuca no es menor. Deja en evidencia fallas graves en la institucionalidad y plantea la urgencia de depurar responsabilidades.
Vejuca concluye y expresa que el control fiscal no puede ser un ejercicio decorativo; debe ser un mecanismo efectivo para garantizar que los recursos públicos se administren con transparencia y en beneficio de la ciudadanía.
