Por Danilo Contreras
En una breve saga policiaca (La muerte y la brújula), Borges pone en boca de uno de los protagonistas las siguientes palabras: “…la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis…”.
Pues bien, espero no defraudar ese precepto en el caso de la hipótesis que plantearé en estas cortas líneas.
Demasiados hechos permiten colegir a cualquier ciudadano atento al devenir de la administración pública local y regional, que tanto el alcalde William Dau, “superhéroe” de la lucha contra los malandrines, como el gobernador Vicente Blel que, aunque joven, es paradigma de la manera tradicional de hacer la política en Cartagena y Bolívar, hacen uso de los recursos públicos a su alcance por razón del poder que les delegó el pueblo, para poner tales herramientas al servicio de sus causas partidistas particulares. El primero, quizás, para sostener su “cruzada anticorrupción”, y el segundo, seguramente, para que no se pierda la tradición.
Dau ha hecho público su deseo de lanzar candidatos a la alcaldía y corporaciones públicas en el Distrito, y es de todos conocido que personas allegadas a su administración han participado en debates electorales recientes, no solo ayudando con OPS a algunos militantes de algunas causas, sino, al parecer haciendo otro tipo de acuerdos, en cuyos detalles no me detendré aquí.
Lo más grave del asunto es que albergo el fundado temor de que el señor Alcalde hará uso del proyecto de modernización de la administración distrital que cursa hoy en el concejo y que lleva la planta de personal de 1075 a 3310 empleados, triplicando la burocracia sin respetar la regla fiscal contenida en el artículo 6º de la ley 617 de 2000 que establece que los gastos de funcionamiento no podrá superar el monto del 50% de los ingresos corrientes de libre destinación del Distrito. En este caso, en el anexo de análisis financiero del proyecto de modernización, la administración confiesa sin rubor alguno, que ese límite se supera hasta el 82%, vale decir, la nueva nómina planteada implicaría un gasto equivalente al 82% de los ingresos corrientes de libre destinación. Eso en mi época de estudiante de derecho se denominaba prevaricato, no se ahora.
Pero tal vez abusando de la desconfianza que en general tiene la ciudadanía respecto de la actuación de los “servidores públicos”, se me hace sospechoso que esa reforma se le proponga a un concejo que ha atravesado un fatigante desierto por cuenta de la supresión de las OPS y contratos que antes eran el motor de su actividad política, habida consideración que el señor Alcalde transfirió esos gajes del poder a sus amigas y amigos.
El proyecto prevé la posibilidad de que en caso de que la modernización sea aprobada, su implementación se de en el curso del año entrante, lo que en términos prácticos abrirá la posibilidad de feriar más de 2.000 puestos, en lo cual puede estar cifrada la esperanza de los concejales de la ciudad. Espero equivocarme.
No sobra decir que resulta sorprendente que en algunas dependencia de la administración como el IPCC, que conforme al proyecto de modernización será eliminado, se estén creando plazas para nombramientos de personal en provisionalidad, amen que al tiempo que se discute la re estructuración de la planta, se adelante en la actualidad un concurso de méritos que tiene en estado de pánico a los funcionarios provisionales de la alcaldía por las nefastas consecuencias que esta situación puede generar para su estabilidad laboral.
Algunos hablan de un cuarto oscuro en el que la administración central y el concejo conversan con fluidez.
Por el lado del gobernador Blel, el panorama NO es menos preocupante y los resultados electorales del partido que lo avaló para aspirar al cargo que ostenta, demuestran el poder arrollador de los gajes del oficio de gobernar.
Según el portal La Contratopedia del Caribe, “En octubre de 2021 (año pre – electoral), la Gobernación de Bolívar adjudicó cinco paquetes de obras de infraestructura educativa por $194.142 millones a igual número de contratistas”. Lo criticable del asunto no es que haya tenido lugar la contratación referida, sino que como lo expone más adelante la referida nota “Tres de las 11 obras que forman parte de los paquetes de construcción de nuevos colegios están paralizadas”, en tanto que “Las otras ocho obras están entre un 43% y un 70% de ejecución, informó la Secretaría de Educación. Sus fechas de entrega aún no están proyectadas”. Y continua el reportaje diciendo que “A esos casos se suman otros, también estancados, del paquete de mejoramiento y unos frentes que nunca arrancaron, pese a que varios de los pueblos bolivarenses requieren, con urgencia, escenarios académicos dignos”. ¡Qué maravilla!
La Contratopedia del Caribe cierra su reporte con esta hipótesis que cumple con todos los requerimientos de que hablará Borges en su narración policiaca al señalar: “¿Colegios financiando campañas? Una fuente que conoce las movidas políticas de Bolívar le dijo a La Contratopedia que parte de estos contratos de infraestructura educativa fueron clave para la financiación de las campañas de los candidatos del grupo Blel, el pasado 13 de marzo, para las elecciones legislativas”.
Así no se vale. Ojalá que la ciudadanía pueda estar atenta a estas eventualidades al momento de elegir.
