EDITORIAL
En el mundo deportivo colombiano existe un discurso repetido hasta la saciedad: “el Gobierno no nos da recursos”. Las federaciones deportivas, en diferentes escenarios, levantan la voz para exigir al Estado que asuma la totalidad de la financiación de su actividad. Sin embargo, un análisis detenido de algunos casos —como el del boxeo— demuestra que esta narrativa está incompleta, cuando no francamente engañosa.
El negocio detrás de los cuadriláteros
El boxeo colombiano, pese a su desprestigio internacional y a su lejana época de gloria con figuras como Antonio Cervantes “Kid Pambelé”, sigue siendo una auténtica máquina de dinero. Según la plataforma BOX-REC, en 2023 se realizaron en el país más de 150 veladas profesionales, y en 2024 se sumaron 136 eventos adicionales.
Cada velada representa, en promedio, un ingreso de cinco millones de pesos para la Federación Colombiana de Boxeo. Haciendo cuentas sencillas, estamos hablando de 750 millones de pesos en un solo año, y de un acumulado superior a 1.400 millones de pesos en el bienio 2023–2024. No se trata de cifras menores; es un caudal económico que cualquier disciplina envidiaría.
La pregunta que surge es inevitable: ¿qué pasó con ese dinero?
La excusa recurrente: no hay plata
De manera paradójica, mientras los números muestran una federación que recauda montos importantes, la queja constante hacia el Gobierno es la falta de recursos para enviar a los atletas a torneos internacionales, costear entrenamientos o fortalecer semilleros. El resultado es un círculo vicioso: deportistas que entrenan con las uñas, resultados mediocres en competencias internacionales y un retroceso en la imagen del boxeo colombiano.
El problema, entonces, no parece estar únicamente en la falta de inversión estatal, sino en la opacidad en el manejo interno de los recursos federativos.
El rol del Ministerio del Deporte
Aquí entra en escena otro actor clave: el Ministerio del Deporte, entidad que, por mandato legal, tiene la responsabilidad de vigilar y regular a las federaciones. La Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) es clara al señalar que las federaciones son organismos privados que cumplen funciones públicas, lo que implica rendición de cuentas y control administrativo.
La gran inquietud es por qué, a pesar de los millonarios ingresos reportados por eventos oficiales, no existen informes públicos, auditorías claras o sanciones visibles. ¿Está el Ministerio cumpliendo su papel de vigilancia o se limita a mirar hacia otro lado mientras los atletas cargan con las consecuencias?
¿Fondos que caminan solos?
El fantasma de la corrupción siempre ronda el deporte colombiano. La pregunta planteada en los corrillos —y que no puede descartarse en un artículo de opinión— es incómoda pero necesaria: ¿se están desviando esos recursos a bolsillos privados?
La ausencia de transparencia en el uso de los dineros federativos alimenta la suspicacia. Mientras tanto, los atletas —la razón de ser de estas organizaciones— siguen entrenando en gimnasios improvisados, viajando con colectas o esperando un milagro estatal.
Conclusión: un llamado a la transparencia
El deporte no puede seguir siendo la excusa para discursos vacíos de victimización frente al Gobierno. Si las federaciones como la de boxeo generan ingresos significativos, deben mostrar con claridad en qué se invierte cada peso. El Ministerio del Deporte, por su parte, no puede seguir pasivo; la vigilancia efectiva y la rendición de cuentas son deberes legales y éticos.
El boxeo colombiano ya no necesita solo guantes y cuadriláteros; necesita transparencia, control y honestidad en sus dirigentes. De lo contrario, los golpes más duros seguirán cayendo, no sobre los rivales en el ring, sino sobre los sueños de los deportistas y la confianza de un país que aún cree en el deporte como motor de desarrollo.
