Por: Danilo Contreras
La peste deteriora la salud pública pero no debe causar estragos en otros bienes y valores democráticos, la transparencia entre ellos.
Hace días expresamos inquietudes sobre la adecuación de un local destinado a la compraventa de automóviles para convertirlo en Clínica para la atención de cerca de un centenar de pacientes Covid 19. Esas instalaciones están sobre la Avenida Pedro de Heredia en el barrio Lo Amador. Los vecinos, en especial los colindantes, tienen serios temores sobre las condiciones del inmueble para atender una enfermedad tan contagiosa, no por falta de solidaridad, como nos acusan algunos, sino porque las autoridades no han verificado una suficiente socialización del proyecto y, a ojos vista, la infraestructura de ese local desocupado por largos meses, NO parece llenar los requerimientos para un hospital de fundamento.
La sorpresa de los vecinos es justificada pues en El Universal del 23 de abril de los corrientes, que informaba la estrategia de expansión hospitalaria proyectada por el Dadis no se mencionó esta clínica, a pesar de que las adecuaciones datan de fecha anterior al anuncio del programa de expansión hospitalaria referido. Nadie esperaba tener como vecino a un hospital Covid 19 y nadie del Dadis nos ha socializado en forma clara.
Téngase en cuenta que el alto número de pacientes que se proyectan atender puede generar un inadecuado tráfico de personas en un predio que no tiene aislamientos adecuados con los inmuebles contiguos, además de su ubicación, justo al lado de un caño en el que se depositan basuras y aguas residuales, lo que constituye una fuente de vectores y otras plagas que no compatibles con la instalación de un hospital de crisis. Así mismo, no se ve que los depósitos de agua de reserva para 24 horas que mostró la directora del Dadis que en un video que hizo circular, corresponda al requerimiento de 600 litros x cama x día, en una clínica que atenderá casi un centenar de pacientes.
Estas inquietudes llevaron a los afectados a elevar un derecho de petición en modalidad de información ante el Dadis y la Curaduría Urbana No 2 encargada del licenciamiento de las obras a fin de obtener información sobre la naturaleza y alcances del proyecto. A la fecha, transcurridos los plazos de que trata el numeral 1º del artículo 14 del CPACA, las autoridades NO han respondido.
Al contrario, en una intervención pública precipitada, según mi prescindible concepto, la Directora del Dadis anunció que se había realizado una visita para habilitación y pese a que se encontró que faltaban requerimientos como la señalización del lugar, este se abriría de manera “provisional” (¿?); esto a pesar que el numeral 14.3 del artículo 14 de la resolución 3100 de 2.019 contentiva de los requisitos de habilitación de establecimientos de salud señala que: “Si al realizar la visita de verificación previa, el prestador de servicios de salud o el servicio no cumple con las condiciones de habilitación establecidas en el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de los Servicios de Salud, la entidad a cargo de la visita registrará en el REPS los resultados y el prestador de servicios de salud deberá iniciar nuevamente el trámite de inscripción del prestador o habilitación del servicio en los términos definidos en la presente resolución”.
Este anuncia de “apertura provisional” nos obligó a solicitar de la Procuraduría Provincial un control preventivo, pues en la misma nota que hizo circular la Directora del Dadis se conoció que allí habría, incluso, una morgue y se prestarían otros servicios, circunstancias que aumentan la alarma de vecinos, muchos de ellos mayores que por su edad presentan vulnerabilidades al virus.
Un cuestionamiento urbanístico destacable, es que en que la resolución 3100 de 2.019 de estándares para habilitación de estas instituciones se señala que en caso de que estas atiendan urgencias y servicios hospitalarios, solo podrán funcionar en inmuebles con uso exclusivo para salud según el P.O.T. En este caso el uso del inmueble es mixto, de modo que ni siquiera desde el punto de vista urbanístico aplica esta clínica improvisada.
En cuanto a la transparencia que va saliendo maltrecha en todos los niveles gubernamentales, no solo nacional y local, sino mundial, convendría saber quienes son los privados que según lo dicho por la Directora del Dadis, son quienes han aportado para la adecuación de ese inmueble que operará el Hospital Bocagrande.
Nadie puede señalar a los vecinos de Lo Amador de ausencia de solidaridad por estos cuestionamientos. Por el contrario, en este barrio hay gente humilde y buena, que desea que la salud sea realmente un derecho en vez del negocio en que se ha convertido a partir de la ley 100 de 1.993. Lo que pasa es que intentamos la clarividencia que no es más que prevenir riesgos previsibles para pacientes y comunidad. Salud con calidad es lo que queremos!
