Editorial | Seguridad sin autonomía, alcaldes con las manos atadas

El alcalde lo ha dicho con claridad: en Cartagena, como en tantas ciudades del país, la seguridad es un tema que se decide desde el centro. Aunque la ley lo define como jefe de la policía, no tiene poder para nombrar un solo agente, ni un fiscal, ni un juez. Las decisiones sobre quién acusa, quién juzga y quién vigila se toman en Bogotá, mientras los alcaldes enfrentan fenómenos locales sin herramientas reales.

La paradoja es evidente: la ciudadanía exige resultados, pero el alcalde solo puede ofrecer apoyo logístico. Distri Seguridad, muchas veces confundida como autoridad, no es más que un ente de soporte: motos, patrullas, cámaras, drones, fibra óptica. Sin capacidad de mando, sin facultad de control, la ciudad depende de funcionarios impuestos desde el centro.

El ejemplo es cotidiano: cuando llega un personaje a Cartagena, la policía se concentra en su custodia y la seguridad ciudadana queda relegada. Así, la percepción de abandono crece y la frustración se instala. No es un problema de voluntad local, sino de un modelo centralista que ata las manos de quienes deberían liderar la respuesta.

La propuesta del alcalde de contar con una policía propia no es un capricho, es un grito de autonomía. En otros países, como Estados Unidos, fiscales y jueces son locales, y los condados gestionan directamente su seguridad. Aquí, en cambio, seguimos atrapados en un esquema que desconoce las realidades de cada territorio.

La campaña presidencial vuelve a poner sobre la mesa la descentralización. Autonomía administrativa y financiera, capacidad de planeación y gestión real. Si la seguridad falla y lo local no tiene voz ni mando, la conclusión es inevitable: necesitamos reformas profundas, constitucionales si es preciso, para que las regiones puedan defenderse con dignidad y eficacia.

La discusión sobre seguridad no puede seguir reducida a un asunto de logística. Mientras los alcaldes se limitan a proveer patrullas y cámaras, los ciudadanos enfrentan diariamente la violencia y el delito sin ver respuestas efectivas. La centralización ha creado una brecha entre las decisiones nacionales y las urgencias locales, y esa distancia se traduce en desconfianza hacia las instituciones. Cartagena, como tantas ciudades, necesita más que discursos: requiere autonomía real para diseñar y ejecutar políticas de seguridad acordes con su territorio.

El debate es inevitable y urgente. Si la descentralización se convierte en bandera electoral, debe traducirse en reformas concretas que otorguen poder de decisión a las regiones. No basta con reconocer que los alcaldes tienen las manos atadas; es necesario abrir el camino hacia un modelo en el que las ciudades puedan gestionar su justicia y su seguridad con independencia. Solo así la ciudadanía podrá sentir que sus autoridades locales tienen la capacidad de protegerla y responder a sus necesidades inmediatas.