El presidente Gustavo Petro ha demostrado una vez más su habilidad para mantenerse en el centro de la conversación nacional. Su propuesta de ofrecer a Cartagena como sede de un eventual encuentro entre Donald Trump y Nicolás Maduro fue un gesto rápido, oportuno y cargado de simbolismo. Desde el punto de vista del derecho internacional, nada le impide hacerlo: es el jefe de las relaciones exteriores del país y, en teoría, hospedar un diálogo de paz es un honor que cualquier nación podría reclamar.
Pero la política no se mide solo en gestos. Cartagena es una ciudad que busca proyectar tranquilidad y estabilidad, y no puede ignorar los riesgos de recibir a dos líderes cuyas tensiones trascienden fronteras. Uno de ellos con despliegues militares y amenazas explícitas; el otro, con un historial de confrontaciones que despierta recelo. No se trata de una reunión técnica, sino de un pulso cargado de incertidumbre.
En ese contexto, la preocupación del alcalde es legítima. No es lo mismo organizar una cumbre serena que hospedar un encuentro de alto voltaje político y militar. Las consecuencias de una reunión así son impredecibles, y la ciudad tendría que asumir responsabilidades que van más allá de la retórica diplomática.
Al final, la propuesta de Petro parece haber quedado en el aire: fue un gesto que captó titulares por un instante, pero que pronto perdió vigencia. Y aunque no hay nada reprochable en ofrecer a Colombia como anfitrión de la paz, sí es válido reconocer que la prudencia local también tiene un peso: Cartagena merece ser protegida de escenarios que, más que certezas, despiertan inquietudes.
