Jamás pensé que como padre tendría que vivir una escena como esta: mi hija, una niña que apenas empieza a construir sus sueños, llorando de impotencia, aferrada a los brazos de su madre en busca de consuelo. Todo porque un desgraciado, montado en una moto junto a sus amigos, decidió darle una nalgada como burla, como acto de intimidación, como demostración de poder. Ese instante no solo quebró su tranquilidad, también desgarró la confianza que debería acompañar a cualquier jovencita que camina hacia el gimnasio, la escuela o el trabajo.
El acoso callejero en Colombia se ha convertido en una plaga cotidiana. No son hechos aislados: son ‘depredadores’ sexuales que se sienten con derecho a abusar de las jovencitas en las calles, en los buses, en las esquinas. Según un estudio de L’Oréal Paris e IPSOS en 2024, el 89 % de las mujeres colombianas afirma haber sufrido acoso en espacios públicos. Una cifra que debería estremecer a cualquier sociedad que se considere justa.
Las consecuencias son devastadoras. Dos de cada cinco mujeres han dejado pasar oportunidades laborales por miedo a enfrentarse al acoso en sus desplazamientos. El 66 % asegura que afecta su movilidad diaria, el 56 % su vida social y el 55 % su salud mental. El miedo se convierte en un muro invisible que limita la libertad, la seguridad y la dignidad de miles de mujeres.
Medellín refleja esta realidad con crudeza: entre 2024 y 2025 se registraron 172 reportes de acoso sexual callejero en la línea 123, especialmente en comunas como La Candelaria, El Poblado y Castilla. Y detrás de cada número hay una historia de dolor, de rabia, de impotencia. Y son pocas las ciudades que manejen esta problemática con datos estadísticos concretos y que permitan sustentar un trabajo social de repudio y rechazo.
La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Estadounidense de Psicología advierten que el acoso repetitivo genera ansiedad, estrés, pérdida de autoestima y estados de hipervigilancia. No es un “juego”, no es una “broma”: es violencia psicológica y física que deja huellas profundas.
Lo más indignante es que la prevención termina recayendo sobre las mujeres. Ellas cambian su forma de vestir, evitan lugares, cargan elementos de defensa personal. La sociedad les exige protegerse, cuando en realidad debería exigir a los agresores que dejen de acosar.
En la Costa Caribe ya se están gestando iniciativas que pueden marcar la diferencia. Cartagena y Barranquilla, por ejemplo, han comenzado a implementar brigadas ciudadanas de acompañamiento en zonas de alto tránsito juvenil, con apoyo de colectivos feministas y líderes comunitarios. Universidades públicas y privadas han lanzado campañas pedagógicas en colegios y barrios, donde se enseña a identificar y denunciar el acoso callejero.
Además, se debe promover la creación de “corredores seguros” hacia gimnasios, escuelas y universidades, con iluminación adecuada y presencia activa de la Policía Comunitaria. Estas acciones, sumadas a la exigencia de protocolos claros en instituciones educativas y a la articulación con medios de comunicación locales para visibilizar cada caso, pueden convertir a la región Caribe en un referente nacional de cómo enfrentar el acoso con firmeza, solidaridad y compromiso social.
Como padre, no puedo aceptar que mi hija —ni ninguna otra niña— tenga que llorar por culpa de un cobarde que cree que su moto y sus amigos le dan licencia para humillar. El acoso callejero no es un problema menor: es una herida abierta en la dignidad de las mujeres y en la conciencia de un país que no puede seguir tolerando la violencia disfrazada de “broma”.
