En 2015, de manera sorpresiva y sin consulta ciudadana, el gobierno prorrogó el contrato de Aguas de Cartagena hasta 2037. La decisión, tomada en silencio y sin razones claras, generó un fuerte debate inicial que pronto se diluyó en la vorágine informativa. Sin embargo, aquella prórroga quedó flotando como un fantasma que hoy regresa con fuerza, en medio de una crisis que golpea directamente la calidad de vida de los cartageneros.
Durante años se sostuvo el paradigma de que lo privado es sinónimo de eficiencia y lo público de desorden. Bajo esa lógica, la concesión a Aguas de Cartagena fue presentada como garantía de calidad. Pero el tiempo ha desinflado las expectativas: la empresa enfrenta cuestionamientos por su incapacidad de asegurar el suministro de agua, y el alcalde, en un discurso vehemente ante el Concejo, reconoció que ya no confía en la compañía ni en su capacidad de responderle a la ciudad.
El impacto es profundo. Cartagena, que aspira a transformarse en una ciudad moderna y eficaz, no puede sostener ese sueño sin servicios públicos sólidos. El agua, elemento fundante de cualquier proyecto urbano, se ha convertido en el talón de Aquiles de la administración local. La crisis permanente ha puesto en riesgo la responsabilidad institucional y ha abierto un debate sobre el futuro del servicio.
La discusión no es menor: ¿debe la ciudad cambiar de aliado estratégico o asumir directamente, desde lo público, la gestión del agua? Ejemplos sobran de empresas públicas eficientes: Ecopetrol garantiza combustible desde hace más de siete décadas, y universidades como la Nacional o la de Antioquia figuran entre las mejores del país. Lo público, bien manejado, puede ser tan eficaz como lo privado.
Hoy Cartagena enfrenta una encrucijada. La ciudadanía, la alcaldía, la academia y el Concejo deben sentarse a definir un rumbo claro. El servicio de agua no puede seguir siendo un terreno de incertidumbre ni de promesas incumplidas. La ciudad necesita un modelo que asegure estabilidad, confianza y calidad, porque sin agua no hay desarrollo, y sin servicios públicos sólidos no hay superciudad posible.
La hora de las definiciones ha llegado. Cartagena no puede seguir atrapada en la crisis: debe decidir si mantiene la concesión privada o si apuesta por un modelo público fortalecido. Lo que está en juego no es un contrato, es la dignidad urbana y el derecho de los ciudadanos a un servicio esencial.
