EDITORIAL
El día 8 de marzo, conocido mundialmente como el Día Internacional de la Mujer, se conmemora desde 1911 como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres. A lo largo del siglo XX, las protestas y movilizaciones lograron avances fundamentales como el derecho al voto, la igualdad laboral y la protección contra la violencia de género. Sin embargo, en la ciudad de Cartagena, la jornada de este año se vio empañada por actos de vandalismo que suscitan un debate crucial: ¿manifestación legítima o simple destrucción del bien público?
El 8 de marzo de 2024, varias estaciones de Transcaribe fueron vandalizadas con grafitis y mensajes que, si bien reflejan consignas de lucha por los derechos de las mujeres, también incluyeron frases estigmatizantes y dañaron la infraestructura del sistema de transporte público. Este hecho generó una fuerte reacción en la opinión pública. Un concejal de la ciudad criticó al alcalde por su postura en contra de la destrucción de bienes públicos, argumentando que esta represión iba en contra del derecho a la protesta.
Es importante recordar que el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales de derechos humanos. No obstante, la línea entre manifestación y vandalismo es delgada. No se puede justificar la destrucción de un servicio que beneficia a más de 100.000 cartageneros diariamente, entre ellos un alto porcentaje de mujeres que dependen del transporte para su movilidad y seguridad.
El vandalismo durante protestas feministas no es un fenómeno exclusivo de Cartagena ni de Colombia. En 2020, durante las marchas del 8 de marzo en México, se registraron ataques a monumentos históricos y edificios gubernamentales. En Argentina, en 2018, movilizaciones feministas derivaron en destrozos en la Plaza de Mayo. En Colombia, un caso emblemático es el de la influencer Epa Colombia, quien actualmente está en prisión por daños a estaciones de TransMilenio en Bogotá durante una protesta.
La discusión de fondo es si la lucha por los derechos de las mujeres puede o debe estar acompañada de actos que afectan el patrimonio público y la movilidad de la ciudadanía. La historia ha demostrado que los cambios sociales pueden lograrse mediante la organización y la presión pacífica. Movimientos como el de las sufragistas en el siglo XIX, el de los derechos civiles en EE.UU. en la década de 1960 y el reciente #MeToo han generado transformaciones sin recurrir a la destrucción de bienes públicos.
Si bien la frustración y la rabia ante las desigualdades y la violencia de género son comprensibles, es fundamental que las acciones de protesta sean coherentes con el mensaje de justicia y equidad. De lo contrario, se corre el riesgo de desviar la atención del verdadero problema y generar rechazo en sectores que podrían ser aliados en la lucha por la igualdad. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer debe ser una oportunidad para reivindicar derechos, no para justificar actos que perjudiquen a la sociedad en su conjunto.
