Cartagena de Indias recibió la autorización para poner en vigencia el Plan Especial de Manejo y Protección del Paisaje Cultural, que incluye el Centro Histórico. Un proyecto trabajado durante años, pero que, como ocurre con frecuencia, necesitó la aprobación del Ministerio de las Culturas en Bogotá para poder avanzar. La pregunta inevitable es: ¿Qué valor agrega realmente esa autorización, más allá de reafirmar que el poder central sigue vigilando y decidiendo sobre lo que ocurre en las regiones?
El caso no es aislado. Los coches eléctricos que reemplazarán a los tradicionales de tracción animal —una iniciativa celebrada por su impacto en el bienestar animal y la modernización turística— también se encuentran detenidos porque ahora el Ministerio de Transporte exige su visto bueno. Así, lo que debería ser un avance inmediato se convierte en otro ejemplo de cómo las decisiones locales dependen de un centro que parece más interesado en controlar que en facilitar.
La lista de proyectos paralizados es larga: el aeropuerto, el canal del dique, el nuevo Chambacú, el parque lineal de Crespo, el malecón del mar. Todos esperan autorizaciones, firmas o entregas que solo pueden venir de Bogotá. Mientras tanto, las regiones ven cómo sus iniciativas se desgastan en trámites interminables.
Este patrón revela una verdad incómoda: las regiones no carecen de ideas ni de proyectos, carecen de autonomía. El centralismo impide que las ciudades avancen con la velocidad que sus necesidades demandan. Cartagena, como tantas otras, se encuentra atrapada en un sistema que exige paciencia infinita para cada paso.
La descentralización no puede seguir siendo un discurso vacío. Es urgente que se convierta en política real, seria y efectiva. Solo así las regiones podrán decidir sobre su propio destino y dejar de depender de un centro que, más que acompañar, parece obstaculizar. El futuro de Cartagena y de Colombia pasa por reconocer que el desarrollo regional no puede seguir esperando la venia de Bogotá.
