Razón tienen los cartageneros al alzar la voz. La noticia que circuló en medios nacionales y redes sociales sobre un posible embargo a la Refinería de Cartagena por parte de la DIAN, debido a una supuesta deuda tributaria de Ecopetrol, resulta no solo desproporcionada, sino desconcertante.
¿Embargar una empresa estatal por una deuda con otra entidad del mismo Estado? ¿Apagar una refinería que representa más de 3.000 empleos directos, que genera más de 100.000 millones de pesos en impuestos al año para la ciudad, y que dinamiza el comercio, la industria y los servicios locales? ¿Todo por una interpretación fiscal que parece más una paradoja contable que una decisión lógica?
Ecopetrol es del Estado. La DIAN es del Estado. Y los impuestos, al final, son recursos del mismo dueño. Si Ecopetrol paga impuestos, transfiere menos utilidades. Si no los paga, transfiere más. ¿Dónde está el perjuicio? ¿Dónde la urgencia de una medida tan extrema como embargar cuentas y apagar una planta estratégica?
La preocupación en Cartagena es legítima. El alcalde lo ha expresado con claridad: si nos metieron en el paseo por tener una refinería, que vengan a Cartagena y den explicaciones. Que el ministro de Hacienda, el director de la DIAN, la presidencia de Ecopetrol y la Presidencia de la República se sienten aquí, no en Bogotá, y aclaren este sinsentido.
Porque más allá de tecnicismos fiscales, lo que está en juego es la estabilidad de una ciudad que depende en gran parte de Reficar. Una ciudad que merece respeto, claridad y decisiones sensatas. No alarmas infundadas ni titulares escandalosos que parecen más propios de una campaña política que de una gestión responsable.
Cartagena exige respuestas. Y Reficar, como símbolo de desarrollo y soberanía energética, merece protección, no amenazas.
