La demanda interpuesta por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, contra las Resoluciones CREG 101 120 de 2026 y CREG 101 126 de 2026 no puede quedar como un esfuerzo aislado. El impacto de estas medidas tarifarias trasciende los límites de la capital y golpea directamente a todos los municipios de Bolívar y de la Costa Caribe. Por eso, se hace indispensable que todos los alcaldes del departamento se sumen como respaldo político y jurídico a esta acción legal, enviando un mensaje claro de inconformidad y defensa de los intereses regionales.
El marco legal lo permite: los artículos 223 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo facultan a cualquier ciudadano —y por extensión a las autoridades locales— a solicitar ser reconocidos como coadyuvantes en procesos de nulidad. Esta figura convierte la demanda en una causa colectiva, donde la voz de los mandatarios municipales se une a la de los ciudadanos para exigir justicia tarifaria.
El llamado es urgente: las resoluciones de la CREG desconocen las condiciones particulares de la Costa, donde el consumo de energía no es un lujo sino una necesidad vital. Respaldar la acción del alcalde Dumek Turbay significa defender la dignidad de los hogares bolivarenses y reclamar un modelo regulatorio que no castigue a quienes viven en la Región Caribe y dependen de la energía para su bienestar.
La unidad de los alcaldes y el respaldo de todos los bolivarenses no solo fortalecerán la acción legal, sino que enviarán un mensaje político contundente: la Costa no acepta resoluciones que lesionen su derecho a tarifas justas y equitativas.
La articulación de los alcaldes de Bolívar en torno a esta demanda no solo fortalecería el frente jurídico, sino que también enviaría un mensaje político de cohesión regional. La CREG debe entender que las decisiones regulatorias no pueden imponerse desconociendo las realidades territoriales y sociales de la Costa Caribe. La unión de los mandatarios municipales sería un acto de defensa del interés colectivo, mostrando que la lucha por tarifas justas no es exclusiva de Cartagena, sino de todo un departamento que se siente afectado y marginado por estas disposiciones.
Además, el respaldo ciudadano es clave: los bolivarenses tienen derecho a exigir que se les reconozca como coadyuvantes en este proceso, transformando la inconformidad en acción jurídica y política. La demanda de Dumek Turbay puede convertirse en un símbolo de resistencia regional, siempre que se acompañe de la fuerza de los alcaldes y de la voz unificada de la población. La Costa Caribe necesita demostrar que no está dispuesta a aceptar medidas que profundicen la desigualdad energética.
La acción legal contra la CREG es más que un trámite judicial; es un llamado a la unidad y a la dignidad de Bolívar y la Costa Caribe. Respaldar a Dumek Turbay significa defender el derecho a tarifas justas, exigir un modelo regulatorio equitativo y demostrar que cuando se trata de la energía —un servicio vital— la región no se divide, sino que se levanta con una sola voz.
