Se cumplen hoy cinco años de una tragedia que los cartageneros no pueden olvidar. Ese jueves, a las 10:40 de la mañana, el desplome de un edificio en el barrio Blas de Lezo, exactamente en la Manzana 8, se desplomaba. Siete pisos cayeron como un ‘castillo de naipes’ acabando con la vida de 21 obreros y un sinnúmero de heridos.
La ciudad quedó herida de muerte y con este hecho se evidenciaba el gran clan que manejaba las construcciones ilegales principalmente por cuenta de la familia Quiroz. La tragedia de Blas de Lezo activó las alarmas de una ciudad que crece en medio de la ilegalidad con la anuencia de unas administraciones que poco o nada hacían para resolver un problema que iba creciendo.
Ese 27 de abril los ojos de la ciudad se volcaron hacia Blas de Lezo y en el país se hablaba de la tensa situación. Los organismos de socorro se activaron de tal forma que para todos los que asistían a este dantesco panorama, la felicidad era encontrar algún cuerpo con vida y que saliera en medio de aplausos porque había logrado vencer la muerte.
El desplome del edificio Blas de Lezo dejó al descubierto el entramado de una serie de construcciones ilegales que a lo largo y ancho de la ciudad se edificaron con la anuencia y el consentimiento de las administraciones y recayendo la responsabilidad sobre una y otra.
No menos de 30 edificios fueron puestos al descubierto tras las investigaciones que se adelantaron y todos con las mismas características: no contaban con licencias de construcción y amenazaban, al igual que el edificio de Blas de Lezo, con desplomarse.
Más de 150 familias han venido sufriendo el olvido y el abandono de las construcciones ilegales. Pocas son las administraciones que le han echo frente a esta situación y le han respondido como debe ser. La administración de William Dau, a juicio de los abogados de las víctimas, ha tratado de escurrir el bulto y ha considerado que el distrito fue víctima también en toda esto.
Nada más alejado de la realidad para estas personas que, al ver esta situación que sus patrimonios se desploman, ante la mirada impávida de la alcaldía, han decidido retornar a los edificios que amenazan con venirse abajo. Están cansados de ser revictimizados y de que nadie les responda. Los fallos judiciales no se cumplen y se los pasan por la faja.
Hoy, cinco años después de una tragedia que marcó la historia de Cartagena, no se puede guardar silencio y la ciudad debe recordar a esas víctimas como los mártires de un entramado de corrupción que se construyó con la anuencia de la alcaldía y que hoy se resiste a reconocerlas.
