Denuncias sobre abusos laborales y lo que sería la ausencia de salvavidas certificado en el área de la piscina se han convertido en el origen de hechos escandalosos en relación al conjunto de edificios Torres de La Plazuela. A esta situación se ha venido sumando un posible conflicto entre coopropietarios y la actual administración.
Los problemas para dicho conjunto residencial crecen como bola de nieve y esta vez debido a la grave solicitud de una investigación administrativa sancionatoria que ante el Ministerio del Trabajo dio a conocer Álvaro Argote Paredes, un exempleado quien en su solicitud aseveró que la administración estaba implementando presuntas conductas persecutorias en contra de sus empleados tratando de obligarlos a renunciar para afiliarlos a bolsas de empleo.
Este portal conoció que Argote Paredes se negó en reiteradas oportunidades y, a partir de ese momento, comenzó a ser víctima de un acoso laboral mediante llamados de atención injustificados, llamamientos a descargos ilegales y otras conductas persecutorias; así mismo, denunció que la administración por estar reduciendo costos no estaba utilizando la cantidad de químicos necesarios para preservar la calidad del agua tanto en la piscina como en los tanques de reserva de cada torre de apartamentos no pasando estos últimos los mínimos legales permitidos, aportando las pruebas del caso.
Argote Paredes precisó que junto con su abogado se planteó la solicitud de investigación administrativa ante el Ministerio del Trabajo para confirmar una a una las denuncias que se han planteado en relación con el abuso laboral.
De comprobarse las ilegalidades que han denunciado formalmente la copropiedad eventualmente podría ser sancionada de uno (1) a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes tal como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo en su articulo 486 y en la Ley 1.610 del año 2013.
Terminan su contrato laboral
Este portal informativo también obtuvo confirmación que notificada la copropiedad de la presentación de la solicitud de investigación administrativa sancionatoria y de una queja por acoso laboral, inmediatamente procedieron a dar por terminado el contrato laboral al denunciante de su puesto de trabajo como piscinero y salvavidas, agravando aún más, no solo la situación de estabilidad laboral del empleado sino de la misma copropiedad, ya que el Ministerio del Trabajo podría tomar esta determinación de despido injustificado como una conducta retaliatoria en contra de su ex empleado y aumentar aún más las eventuales sanciones económicas a imponer.
Dice además el abogado representante, que esta situación se presenta en momentos en que se avecinaba el receso vacacional de Semana Santa y que la copropiedad al parecer no cuenta con otra persona para el mantenimiento de la piscina y un salvavidas debidamente acreditado de acuerdo con la Ley 1209 de 2008 y por tal razón, la piscina del conjunto no podría estar abierta a los bañistas y sobre este aspecto solicitarán a la alcaldía menor y al DADIS a que se proceda a verificar tal situación, y de no contar con el personal calificado se proceda con el sellamiento inmediato de la piscina hoy abierta al público y se impongan las sanciones administrativas del caso por este otro hecho presuntamente irregular.
En aras del equilibrio informativo, este portal aguarda conocer el pronunciamiento de la administración de este conjunto residencial.