Por Danilo Contreras
Con la adjudicación de las obras del macroproyecto Canal del Dique queda evidenciada una vez más la conflictividad originada entre el modelo del desarrollo que impulsan las élites en la región, contrastada con el enfoque de transformación e inclusión que reclaman las comunidades raizales olvidadas y arrasadas por la violencia y el progreso mal entendido en los territorios.
Así las cosas, mientras el establecimiento cartagenero celebra alborozado la adjudicación de las obras, enfatizando en los beneficios que el proyecto traerá a la recuperación de la bahía de Cartagena, objetivo deseable por demás; las comunidades originarias de las zonas de influencia de la mega obra acusan la ausencia consultas previas como derecho fundamental, de una licencia ambiental que impida la depredación, esta vez de algunos cuerpos de agua, reservas ecológicas y poblaciones como el santuario Mono Hernández, la reserva coralina del Golfo de Morrosquillo, Caño Correa, corregimiento de San Onofre, en el departamento de Sucre, en donde el valiente dirigente social Adil Meléndez denuncia que su población va a ser desterrada por cuenta de la perdida de la pesca de la cual vive su gente.
Como suele suceder, los lideres comunitarios han sido injustamente acusados de oponerse al “desarrollo” cuando lo único que hacen es reivindicar derechos colectivos de las poblaciones, en su mayoría afrodescendientes, que han sido avasalladas por la violencia y una visión excluyente del progreso, que convirtió el canal del Dique, en un infausto cementerio cuyas víctimas siguen siendo violentadas, según lo documentó la JEP y la Comisión de la Verdad recientemente.
Nosotros entendemos la complejidad de la situación que encontró el gobierno del presidente Petro, considerando el avanzado estado del trámite del procedimiento contractual de adjudicación y las implicaciones patrimoniales que tendría para el Estado, la adopción de decisiones apresuradas.
Sin embargo, confiamos que el gobierno nacional y su ministra de medio ambiente, no claudicarán en el esfuerzo por la preservación de los ecosistemas que hoy no quedan amparados por una licencia ambiental expedida con estricto apego a la ley, pues ella entiende que el “llamado Plan Hidrosedimentológico no es un instrumento ambiental adecuado para este proyecto”, según lo expresó en entrevista pública; de modo que antes que pesimismo, comprendemos que aún hay mucha tarea por hacer para que la obra pueda enfatizar sus enfoques hacia la compatibilidad con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pero esta claro que esa tarea no la podemos dejar solo a las autoridades nacionales, pues son los actores económicos, políticos y sociales del territorio, los que conocen al detalle la problemática y pueden, si se establecen “pactos” de gobernabilidad en el contexto de una nueva racionalidad política que la nación ha emprendido a partir del pasado 7 de agosto, edificar verdaderas salidas que impliquen que la generación de riqueza y construcción de infraestructura no deben expulsar al nativo que es quien más necesita del Estado para redimir y dignificar su existencia.
Por eso proponemos que el gobierno del cambio llegue también a las regiones en 2023, con autoridades que interpreten con claridad la necesidad de dar un nuevo enfoque a las visiones de progreso que hasta la fecha solo han traído violencia, segregación y miseria.
Los actuales gobiernos de Cartagena y Bolívar no han asumido el rol que les corresponde para garantizar los derechos de sus poblaciones marginadas en la zona de influencia del proyecto, pese a que existen normas constitucionales y legales que los obligan a ello. Cunde el desconocimiento, la desidia y la falta de imaginación para concebir formulas que armonicen intereses en conflicto y articulen un nuevo Pacto para el futuro de la región.
Nosotros proponemos desde ya una agenda que permita que la gobernación de Bolívar adelante una política de acciones afirmativas en favor de la población impactada desde el punto de vista económico, social y ambiental por el proyecto basada en los siguientes ejes:
- Reforma Rural integral en las poblaciones del Dique bolivarense, que no solo les entregue tierra, sino oportunidad de avanzar con educación, ciencia, innovación y tecnología hacia una sociedad regional del conocimiento. Es claro que el proyecto promete la recuperación de unas 70 mil hectáreas de tierra, muchas de ellas usurpadas al campesinado de los municipios de Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana. Pues bien, la Gobernación de Bolívar en el periodo 2024 – 2027 debe comprometer recursos propios para que en armonía con los programas del gobierno nacional podamos ofrecer tierra titulada al campesinado que hoy no la tiene, pero además infraestructura para la agricultura, como la optimización del Distrito de Riego de María la Baja, vivienda rural digna, saneamiento básico y acueducto en una zona que, pese a la abundancia de agua, paradójicamente carece del líquido en condiciones de consumo.
- Intervención ambiental para preservar biodiversidad, fauna y flora en las reservas regionales impactadas por el proyecto. La Gobernación de Bolívar debe desarrollar en el próximo periodo “una estrategia para evitar, mitigar y corregir los conflictos e impactos ambientales que se presentan” en el territorio por cuenta del macroproyecto Canal del Dique, fortaleciendo el ejercicio de la función pública ambiental encomendada por la constitución y la ley a los gobernadores.
- Empoderar a las organizaciones populares y de campesinos para que puedan ejercer sus derechos colectivos y participar con la fuerza de sus bases unidas, en los mercados que se abrirán por cuenta del desarrollo del proyecto en materia agropecuaria, turística y logística. Organizarlos y darles reconocimiento y respeto debe ser prioridad.
- Apoyar la implementación de una política de verdad, justicia, reparación y NO repetición de los episodios de violencia que han tenido lugar en la región del Dique Bolivarense.
Las ciudadanías libres de Cartagena y Bolívar han demostrado que están en capacidad de decidir por un cambio profundo al modelo de desarrollo, que jamás podrá ser agenciado por las viejas castas de la política que han sido culpables de nuestros padecimientos actuales.
