Acuacar, más que tubos rotos

Por Danilo Contreras Guzmán

La diligencia y preocupación demostrada por el alcalde Turbay enfrentando la racha de averías de las viejas tuberías del sistema de acueducto de la ciudad, no parecen ser suficientes para solucionar los problemas que se han cocinado en Acuacar durante 30 años de vigencia del contrato de gestión Integral del Servicio de Acueducto y Alcantarillado (GISAA).

Esta apreciación no es caprichosa, pues se fundamenta en Informe Definitivo de Actuación Especial de Fiscalización Vigencia 2022, emanado de la Contraloría Distrital, remitido el pasado 29 de diciembre al alcalde anterior y puesto en conocimiento del Concejo Distrital el 1 de marzo de este año, al cual la opinión pública le ha restado importancia pese a la gravedad de la información que revela. Veamos cuales son los puntos cruciales de dicha evaluación fiscal.

1. La averiguación de la Contraloría se centró en la prórroga al contrato de GISAA que implicó que con más de 5 años de antelación el exalcalde Dionisio Vélez, en representación del Distrito, socio mayoritario de Acuacar, autorizará la ampliación del plazo del contrato por 13 años, contados a partir de julio de 2021 hasta junio de 2034, cuando el mismo concluiría en 2020. Para tal efecto se adujo la necesidad urgente de implementar el Nuevo Plan Maestro de Acueducto con “…el fin de garantizar una eficaz disponibilidad de agua potable para todos los usuarios…”, conforme necesidades identificadas desde el año 2009.
2. Según el informe “…la motivación de la negociación en la ampliación, radicaba en obtener un financiamiento para las obras prioritarias de acueducto por parte de los socios privados, lo cual quedó también sentado en los documentos de socialización”. Sin embargo, hoy ACUACAR argumenta explorar fuentes diversas a la capitalización de la sociedad para financiar las obras prioritarias, vale decir, que la plata para el Nuevo Plan ya no sería colocada por los socios privados, burlándose así la razón que supuestamente motivo la negociación.
3. El Otrosí Nº 3, contentivo de la prórroga “…no consignó específicamente un cronograma de ejecución de obras y por ende, un flujo de inversiones, lo que representa un grave vicio en el consentimiento de los intervinientes…”, en la negociación, esto es, el Distrito y los socios privados. Según ACUACAR, no hay un plan de inversiones, ni un cronograma concreto.
4. Constata la Contraloría que “La Sociedad Aguas de Cartagena S.A.E.S.P. ha sido modificada en seis ocasiones anteriores a la reforma estatutaria que nos ocupa, específicamente en los años 1995, 1998, 2001, 2003, 2005 y 2009; ninguna de estas modificaciones se sometió a socialización o autorización del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, como se desprende de la información suministrada mediante oficio 2023- 1001-87266-S del 21 de septiembre de 2023”.
5. La Contraloría encontró que el interventor de Acuacar certifica que “…el socio operador ha venido incumpliendo su propia propuesta de operación, por el cual salió seleccionado, al incluir dentro de la base de la liquidación del costo de gerenciamiento, los recursos que el Distrito de Cartagena otorga a los usuarios por conceptos de subsidios, lo cual no configura solo un incumplimiento contractual, sino la aplicación diferente de unos recursos con destinación legal especifica…”, lo que sin duda podría constituir un delito grave.
6. El informe denuncia que “…el Distrito ha venido permitiendo que en Aguas de Cartagena S.A.E.S.P. se entreguen utilidades superiores a las reales participaciones de los socios privados en la empresa, los cuales implican una correlativa disminución de beneficios para el socio público…” en cuantía que ascendería a “CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS. ($14.622.189.000)…”.
7. “El valor de las obras no ejecutadas asciende a CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($157.834.837.099)”.
8. Y concluye el organismo de control: “Por lo anterior, consideramos que la situación sobre los vicios en el perfeccionamiento del modificatorio denominado Otrosí No 3 al GISAA, requieren de acciones administrativas del ente territorial y/o judicial dirigidas a la revisión sobre la reestructuración o revisión de dicho acto”.

Por menos, cualquier cristiano va preso. Pero no sucede así en el caso de los implicados.

Mientras tanto el Sistema de Acueducto y Alcantarillado muestra su obsolescencia y fragilidad, poniendo en tela de juicio las posibilidades de garantía del derecho al agua potable y al saneamiento básico de los cartageneros.

Bajo estas condiciones es imposible pensar en un sistema de acueducto y alcantarillado inteligentes que aspire a la digitalización, el aumento de la eficiencia de la producción y distribución de agua, reducir costos de operación y consumo energético, optimizar el consumo de agua, y lo más urgente, cumplirle a las comunidades más necesitadas el derecho constitucional del acceso al agua potable y al saneamiento básico.

La nueva administración tiene entonces un desafío definitivo por resolver: O se guarda silencio frente a estas irregularidades, o se toma la decisión de hacer valer sus derechos como socio mayoritario en Acuacar, retomando un verdadero control de la empresa y buscar de manera transparente nuevos socios estratégicos que le permitan hacer una gestión óptima de la empresa. Ese podría ser el punto de partida de innovaciones que transformen.