Cuando el alcalde William Dau creyó haberse acostado ayer sin problema alguno, porque le habían levantado los cinco días de arresto, hoy se levanta con un juicio de Responsabilidad Fiscal a sus espaldas. La Contraloría General de la República le imputó cargos por culpa grave al mandatario por los hechos denunciados en su momento por la líder Jaqueline Perea debido a los gastos de representación cuando no se tenía derecho.

El auto cobija tanto a Martha Carvajal como Adelfo Doria Franco en sus condiciones de directores administrativos de Talento Humano. Todo tendría relación con los hechos que se registraron en 2020 momentos en que la administración distrital autorizó el pago de gastos de representación a los secretarios del despacho por más de 1.000 millones de pesos, al parecer, sin tener derecho a estos emolumentos. El daño patrimonial que se generó está por el orden de los 1074 millones de pesos.

El ente de control ha dicho que está en proceso de notificación para escuchar luego los descargos. Contra la pared se encuentran igualmente Aseguradora Solidaria, entidad que dispuso la póliza de seguro de Manejo Global con vigencia 15 de febrero 2021 en la que figura como tomador, asegurado y beneficiario al Distrito con un valor asegurado de $550 millones y que ampara hechos relacionados con delitos contra la administración pública.

EL ALCALDE PIDIÓ EL TRASLADO A BOGOTÁ

Recordemos que en medio de uno de sus acostumbrados berrinches y reclamos el mandatario distrital, tras haber insultado a los entes de control y decir días atrás que no hacían un culo, solicitó que ese proceso pasara a Bogotá toda vez que, según el alcalde, no habían garantías en la Contraloría Distrital. El mandatario distrital intentó, en su momento, justificar el detrimento patrimonial ante la opinión pública.

La Contraloría Distrital de Cartagena ordenó el embargo de las cuentas del alcalde William Dau y de 42 funcionarios de la administración como medida cautelar dentro del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta por presuntos pagos indebidos en gastos de representación.

LA PROCURADURÍA TAMBIÉN LO INVESTIGA

Al serio problema que afronta con la Contraloría General de la República se ha sumado la investigación disciplinaria que abrió la Procuraduría General de la Nación.

“Hemos anunciado los riesgos que corren los funcionarios, incluso los de elección popular frente a la participación en política. Que no nos digan que no los conocen y que estamos abusando del ejercicio de nuestras funciones para iniciar las aperturas de investigación correspondientes”, advirtió la procuradora Margarita Cabello.

Todo hace pensar que estas investigaciones y juicios deberán dar algún resultado. Amanecerá y veremos, dice el adagio popular.

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