El 21 de agosto, el gerente general de Afinia, Ricardo Arango, dijo lo que ya había dicho antes: si el Gobierno Nacional no paga, la Costa Caribe se queda a oscuras. La cifra esta vez es de 2,5 billones de pesos en subsidios adeudados y un hueco de caja de 130.000 millones mensuales. La amenaza no es nueva —en abril de 2025 el mismo gerente advirtió lo mismo, con cifras distintas y el mismo desenlace: el Gobierno terminó girando recursos y la empresa siguió operando exactamente igual, con los mismos cortes, los mismos barrios castigados y el mismo silencio sobre sus propias cuentas.
Cartagena lleva más de un año escuchando la palabra «apagón» como quien escucha un noticiero repetido. Y ese es, precisamente, el problema: la amenaza de un colapso masivo se ha convertido en la herramienta de negociación favorita de una empresa que, mientras tanto, mantiene a la ciudad en el lugar más oscuro del país.
Un negocio que nació torcido
Para entender por qué nadie debería tomarse a la ligera las cuentas que hoy presenta Afinia, hay que recordar cómo llegó a Cartagena. En 2020, en plena pandemia y bajo un decreto de emergencia que blindó la operación bajo reglas de derecho privado, el Gobierno le entregó los activos de la liquidada Electricaribe a dos operadores privados —Afinia y Air-e— sin que hasta hoy se conozca con claridad cuánto pagaron realmente por ellos. Lo que sí se sabe es cuánto puso el Estado: 3,9 billones de pesos al Fondo Empresarial, 864.000 millones a la banca comercial, y más de 720.000 millones en subsidios de déficit solo en el primer año de operación. Afinia no compró una empresa sana que luego quebró; recibió una infraestructura deteriorada por dos décadas de extracción de utilidades —primero de Corelca, después de la española Unión Fenosa— con el capital del Estado puesto por delante y las pérdidas ya blindadas de antemano.
Que hoy, seis años después, la misma empresa vuelva a pedirle plata al mismo Estado que la subsidió desde el primer día no es una anomalía del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado: privatizar la operación, socializar el riesgo.
El peor servicio del país, cobrado como si fuera el mejor
Mientras Afinia negocia su rescate en Bogotá, en Cartagena la realidad es más simple y más dura: según el más reciente informe de XM, Afinia es la empresa con más horas de racionamiento de todo el sistema eléctrico colombiano —66 horas al año, casi tres días completos sin luz, para 1,69 millones de usuarios en la Costa. Barrios como Los Calamares han pasado más de cinco días seguidos a oscuras; en El Socorro los apagones nocturnos se extendieron 47 noches consecutivas. Eso no es una anécdota de mal servicio: es el peor indicador de calidad de energía de todo el país, sostenido año tras año.
Y sin embargo la factura no ha bajado. Todo lo contrario: la Personería de Cartagena ha tenido que exigirle formalmente a la empresa que deje de trasladarle a comunidades enteras las consecuencias del fraude o la mora de unos pocos usuarios, y que deje de usar los cortes de servicio como mecanismo de presión para forzar cambios de medidor o acuerdos de pago. El subsidio nacional reconoce 173 kWh mensuales para los estratos bajos del Caribe; el consumo real, por el calor, ronda los 250 kWh. La diferencia la paga el bolsillo de quien ya llega tarde a fin de mes.
Ganancias arriba, oscuridad abajo
Aquí es donde el discurso de la crisis financiera empieza a hacer agua. Afinia es filial del Grupo EPM, y el Grupo EPM no está en crisis: en el primer semestre de 2026 reportó ingresos consolidados por 19,5 billones de pesos y una utilidad neta de 3,2 billones. En 2025 cerró el año con 5,3 billones de utilidad. Puede que la contabilidad segmentada de Afinia arroje números distintos a los del grupo —eso es justamente lo que la empresa nunca explica con el detalle que le exige a sus usuarios cuando les cobra hasta el último kilovatio—, pero la opacidad no puede ser gratuita. Si Afinia efectivamente opera con pérdida estructural, el Grupo EPM tiene la obligación de mostrar por qué una filial se ahoga mientras la casa matriz reporta utilidades multibillonarias, en lugar de dejar que la única respuesta visible sea la amenaza de apagar a millón y medio de personas.
Un Estado que paga y calla
El patrón se repite también del otro lado. Ante la advertencia de agosto, el Gobierno anunció 1,5 billones de pesos adicionales para el sector, con un primer giro de 300.000 millones para las deudas con generadores térmicos a partir de septiembre. Es, otra vez, el mismo libreto: la empresa amenaza, el Estado gira, y nadie audita a fondo por qué, año tras año, la Costa Caribe vuelve al mismo punto. El alcalde Dumek Turbay ha hecho bien en exigirle al Gobierno resolver el problema de fondo antes de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y la Liga de Alcaldes del Caribe tiene razón al plantear una bolsa regional de recursos. Pero exigirle al Gobierno que pague no puede ser la única exigencia. A la misma mesa debe sentarse Afinia a rendir cuentas: sobre su estructura de pérdidas, sobre el destino real de los subsidios que recibe desde 2020, y sobre por qué, con o sin deuda del Estado, sigue siendo la peor prestadora de energía de Colombia.
Lo que la ciudad debería exigir, sin más rodeos
- Una auditoría pública e independiente de las cuentas de Afinia, no un comunicado de prensa con una cifra de déficit sin sustento verificable.
- Que la Superservicios deje de «evaluar» y empiece a sancionar cuando corresponda, con plazos públicos y consecuencias reales.
- Que ningún nuevo giro de recursos públicos se entregue sin metas concretas y verificables de reducción de horas de racionamiento, no solo compromisos en el papel.
- Que se prohíba expresamente usar la amenaza de apagón como herramienta de presión política, tal como ya lo exige la Personería frente a los cortes selectivos.
- Transparencia total sobre lo que se pagó en 2020 por los activos de Electricaribe y sobre la relación financiera real entre Afinia y el Grupo EPM.
Cartagena no puede seguir viviendo bajo el chantaje de la vela y la linterna cada vez que a una empresa se le vence el balance. Si el apagón es real, que lo demuestren con cifras auditadas. Si no lo es, que dejen de usar la oscuridad de miles de familias como argumento de negociación.
