Desde el inicio de este gobierno, la consigna fue clara: una lucha sin cuartel contra la prostitución ilegal y sus derivados más graves, como el proxenetismo, la trata de personas y el turismo sexual. Con operativos constantes, cierres de locales y judicializaciones, la ciudad comenzó a recuperar espacios que habían sido tomados por estas prácticas durante años de inacción.
Los resultados iniciales fueron tangibles: cada día se cerraban negocios camuflados que servían de fachada para actividades ilícitas. La ciudadanía empezó a sentir alivio al ver cómo el centro histórico y los puntos turísticos se liberaban poco a poco de un fenómeno que había deteriorado la imagen y la seguridad de Cartagena.
Sin embargo, la persistencia de algunos actores en reincidir demuestra que las medidas actuales, aunque efectivas, no son suficientes. Ocho locales cerrados recientemente son prueba de que todavía hay quienes desafían la ley y la sociedad, como si el mensaje de tolerancia cero no hubiera sido recibido.
La situación exige un paso más allá. No basta con clausuras y procesos judiciales: se requieren políticas públicas más severas y sanciones ejemplares que eliminen cualquier ilusión de que estas prácticas puedan renacer. La reincidencia debe ser castigada con mayor rigor para que quede claro que no hay espacio para la explotación sexual en Cartagena.
La ciudad no puede seguir destinando recursos y esfuerzos a combatir un problema que debería estar erradicado. Las autoridades deben blindar los avances logrados y garantizar que los espacios recuperados no vuelvan a ser ocupados por redes criminales. La sociedad, por su parte, debe mantener la presión y el rechazo absoluto frente a estas conductas.
