Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
La comunicación pública dejó de ser un apoyo del gobierno. Se ha convertido en una capacidad estratégica para el desarrollo.
Durante décadas los gobiernos creyeron que comunicar consistía en contar lo que ya habían hecho. Primero se diseñaba la política pública, después se ejecutaba y, solo al final, aparecía la comunicación para anunciar resultados o responder a las críticas. Ese modelo pertenecía a un mundo en el que la información circulaba lentamente y las instituciones monopolizaban buena parte de la conversación pública.
Ese mundo desapareció.
Existe una frase que se repite con frecuencia entre alcaldes, gobernadores y servidores públicos: «La gente no conoce todo lo que estamos haciendo». A primera vista parece una queja. En realidad, revela uno de los mayores desafíos de la gestión pública contemporánea.
Hoy los ciudadanos reciben información de manera permanente, producen contenidos desde sus propios teléfonos, contrastan versiones, consultan múltiples fuentes y participan activamente en la conversación pública. Las redes sociales, las plataformas digitales y, más recientemente, la inteligencia artificial, han transformado la manera como las personas construyen su percepción de la realidad. En ese nuevo entorno, gobernar ya no consiste únicamente en administrar recursos o ejecutar proyectos. También exige explicar, escuchar, dialogar y construir confianza.
La comunicación dejó de ser un asunto accesorio. Comenzó a formar parte de la propia capacidad de gobernar.
No se trata de reemplazar la gestión por el relato ni de convertir la política pública en una estrategia de mercadeo. Una obra mal ejecutada seguirá siendo una mala obra, por más campañas que la acompañen. Pero también es cierto lo contrario: una buena política pública que nadie comprende, un programa cuyos resultados no logran explicarse o una transformación que no consigue conectar con la ciudadanía pierden buena parte de su capacidad para generar confianza y valor público.
Las políticas públicas no producen valor únicamente cuando se ejecutan. También lo producen cuando son comprendidas.
Comprender una política pública no es un asunto secundario. Cuando la ciudadanía entiende por qué se toma una decisión, cuáles son sus objetivos y cómo la afectan sus resultados, aumentan las posibilidades de cooperación y disminuyen los costos de implementación. En cambio, una comunicación deficiente suele traducirse en mayores resistencias sociales, conflictos innecesarios, retrasos en la ejecución, costos financieros adicionales y un deterioro de la confianza institucional. Invertir oportunamente en comunicación pública suele ser mucho menos costoso que intentar reparar posteriormente los daños ocasionados por la desinformación, la incertidumbre o la pérdida de legitimidad.
Cada conflicto que pudo evitarse mediante una comunicación oportuna representa recursos públicos desperdiciados. Cada proyecto retrasado por desinformación incrementa sus costos financieros. Cada crisis de confianza que obliga a reconstruir legitimidad consume tiempo, capital político y capacidad institucional. La comunicación pública no elimina todos los conflictos, pero sí puede reducir significativamente los costos de gobernar.
Durante años los gobiernos concentraron enormes esfuerzos en fortalecer capacidades administrativas, jurídicas, financieras y técnicas. Era necesario. Sin embargo, el siglo XXI plantea un desafío adicional: desarrollar capacidades para transformar datos en conocimiento, conocimiento en comprensión y comprensión en confianza.
La información, por sí sola, ya no basta. Las instituciones producen cantidades crecientes de indicadores, estadísticas, diagnósticos y reportes. Pero los datos solo adquieren sentido cuando logran responder una pregunta fundamental: ¿qué significan para la vida de las personas? La visualización de datos, el análisis territorial, las narrativas públicas y la comunicación basada en evidencia dejan entonces de ser herramientas complementarias para convertirse en instrumentos de gobierno.
Basta pensar en una modificación del sistema de transporte, un nuevo esquema de recolección de residuos o una intervención urbana. Incluso cuando las decisiones son técnicamente correctas, si la ciudadanía desconoce sus razones, beneficios y etapas de implementación, aumentan la incertidumbre, la resistencia y los conflictos. Una política bien diseñada puede fracasar en la percepción pública no por sus resultados, sino porque nunca logró ser comprendida.
Este cambio coincide con otra transformación de enorme alcance para Colombia. La profundización de la descentralización otorgará mayores responsabilidades a los territorios. Alcaldías y gobernaciones deberán gestionar más competencias, coordinar más actores, rendir cuentas con mayor transparencia y fortalecer la relación con una ciudadanía cada vez más informada y exigente. En ese contexto, la comunicación pública dejará de ser un asunto de imagen para convertirse en una infraestructura institucional.
Las ciudades del futuro no competirán únicamente por atraer inversión, construir infraestructura o mejorar sus indicadores económicos. También competirán por su capacidad para generar confianza. Y la confianza no se decreta. Se construye mediante instituciones sólidas, decisiones transparentes, información comprensible y una conversación pública basada en evidencia.
La pregunta, entonces, deja de ser si los gobiernos deben comunicar mejor. La verdadera pregunta es quién debe asumir esa responsabilidad.
Durante años se creyó que bastaba con una oficina de comunicaciones encargada de redactar boletines, atender a los medios y administrar las redes sociales. Hoy ese modelo resulta insuficiente. La comunicación pública atraviesa toda la gestión del Estado. Comienza cuando se formula una política pública, continúa durante su ejecución y culmina cuando la ciudadanía comprende sus resultados y puede participar de manera informada en su evaluación.
Por eso su profesionalización exige un esfuerzo mucho más amplio. Requiere equipos interdisciplinarios capaces de integrar gobierno, política pública, comunicación estratégica, análisis de datos, visualización de información, participación ciudadana, innovación, inteligencia artificial y evaluación de políticas públicas. Pero también exige que alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho y directivos públicos comprendan que comunicar no es una función delegable exclusivamente a un vocero. Es una competencia del liderazgo institucional.
Así como ninguna administración renuncia a contar con ingenieros para construir infraestructura, abogados para garantizar la seguridad jurídica o contadores para administrar los recursos públicos, tampoco debería renunciar a desarrollar capacidades profesionales en comunicación pública. La evidencia demuestra que una comunicación deficiente incrementa los costos financieros, retrasa la implementación de las políticas públicas, deteriora la confianza ciudadana y obliga posteriormente a invertir mucho más en reparar conflictos que pudieron evitarse desde el comienzo.
La comunicación pública debe convertirse en una capacidad estratégica de cada municipio y de cada departamento. Así como existen capacidades para planear, contratar, ejecutar, evaluar o controlar, también deben construirse capacidades para explicar, escuchar, generar confianza y facilitar la cooperación ciudadana. Estas capacidades no solo fortalecen la legitimidad democrática; también reducen los costos de implementación de las políticas públicas y aumentan su probabilidad de éxito. Esa es una responsabilidad compartida entre los gobernantes, sus equipos directivos, los servidores públicos, la academia, los medios de comunicación y los profesionales especializados que acompañan la gestión pública.
Las administraciones que comprendan esta transformación estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos de la descentralización, fortalecer la confianza ciudadana y construir gobiernos más abiertos, transparentes y eficaces.
Durante el siglo XX los gobiernos aprendieron a planear, contratar y ejecutar. El siglo XXI les exige desarrollar una capacidad adicional: comunicar para gobernar. No porque la comunicación sustituya la buena gestión, sino porque la hace posible, reduce los costos de implementación de las políticas públicas y fortalece su legitimidad.
Gobernar ya no consiste solamente en hacer. Consiste también en lograr que la sociedad comprenda, participe y confíe. En un Estado cada vez más descentralizado y en una ciudadanía cada vez más informada, comunicar ha dejado de ser el último paso de la gestión pública. Se ha convertido en una de sus capacidades más estratégicas.
En las próximas columnas exploraremos cómo esta transformación afecta la vida cotidiana de todos los ciudadanos: desde la manera en que se diseñan las políticas públicas y se ejecutan las obras, hasta el papel de la inteligencia artificial, los datos, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones. Porque comprender cómo se comunica un gobierno también es una forma de ejercer mejor la ciudadanía.
(*) Magíster en Asuntos Internacionales, Comunicador Social – Universidad Externado de Colombia
