Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
“Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada.” Nehemías 4:17
Hace aproximadamente dos mil quinientos años, Jerusalén era una ciudad destruida. Sus murallas habían caído y, con ellas, la seguridad, la confianza y la capacidad de la comunidad para organizar su vida colectiva. Nehemías, un alto funcionario judío al servicio del Imperio persa, solicitó al rey Artajerjes autorización para regresar a Jerusalén y reconstruir sus murallas, petición que fue aceptada. A partir de ese momento lideró la reconstrucción mientras los pueblos enemigos de Israel procuraban detener la obra mediante amenazas, intimidación y conspiraciones. La ciudad debía reconstruirse sin perder de vista el peligro: se edificaba con una mano y con la otra se sostenía la espada.
La grandeza del liderazgo de Nehemías no estuvo en el uso de la espada, sino en mantener claro el verdadero objetivo. Nunca permitió que la amenaza desplazara el propósito de la reconstrucción. La espada no era el proyecto; el proyecto era el muro. La fuerza existía únicamente para proteger la construcción.
Mucho antes del constitucionalismo moderno, este relato planteaba una pregunta central de toda República: cómo construir orden político cuando existen fuerzas cuya estrategia es impedir que ese orden exista. Toda civilización enfrenta ese dilema. Hay quienes entienden la política como construcción de instituciones, y otros que descubren que resulta más eficaz destruir que construir, bloquear que proponer, paralizar que competir.
La teoría democrática ha estudiado la oposición con razón, porque sin oposición no hay libertad, ni control del poder, ni alternancia. Pero oposición no es boicot. La oposición leal fiscaliza, propone y compite dentro de las reglas del sistema; el boicot no compite, busca impedir que el sistema funcione. La oposición acepta la alternancia; el boicot niega la gobernabilidad.
La democracia reconoce el derecho a la protesta y al disenso, e incluso admite, en circunstancias excepcionales, la desobediencia civil frente a actos concretos de un poder en ejercicio; no fue concebida como un instrumento para impedir preventivamente el funcionamiento de gobiernos surgidos de elecciones. Lo que ninguna democracia puede aceptar es la transformación de la violencia, el sabotaje, la destrucción de infraestructura, la intimidación, los bloqueos sistemáticos o la instrumentalización de estructuras criminales en formas legítimas de competencia política. La criminalidad no se vuelve política por su lenguaje; sigue siendo criminalidad.
Colombia conoce esa frontera con precisión dolorosa. El estallido social combinó protestas legítimas con hechos de violencia, destrucción de infraestructura, ataques a la Fuerza Pública y bloqueos que afectaron derechos fundamentales de millones de ciudadanos. También hubo denuncias e investigaciones sobre excesos estatales. La realidad fue compleja, pero precisamente por eso no puede confundirse protesta con sabotaje.
El debate actual debe leerse desde otra perspectiva. En el debate público reciente, algunos actores políticos han planteado la posibilidad de promover desobediencia civil frente a un gobierno que aún no ha iniciado funciones. Ese hecho desplaza la discusión del terreno político al institucional. La desobediencia civil, en la tradición de Thoreau, Gandhi, Martin Luther King y John Rawls, es un mecanismo excepcional frente a injusticias concretas de un poder en ejercicio; no fue concebida como un instrumento para impedir preventivamente el funcionamiento de gobiernos surgidos de elecciones.
La pregunta es entonces institucional: ¿puede una democracia normalizar el llamado a desconocer anticipadamente a un gobierno cuya legitimidad proviene del mismo orden constitucional que garantiza el derecho de la oposición a existir? Si la respuesta fuera afirmativa, las elecciones dejarían de cerrar la competencia política para convertirse apenas en el inicio de una disputa permanente por la gobernabilidad. Ese es el riesgo.
La oposición es esencial; el boicot preventivo erosiona la arquitectura constitucional. El poder se controla mediante instituciones, no mediante su bloqueo. Aquí reaparece Nehemías: la respuesta republicana no es abandonar la construcción ni ignorar el sabotaje, sino construir mientras se protege la construcción.
En una democracia constitucional, la espada de Nehemías no es de hierro, sino la Constitución, la independencia judicial, el Congreso, las autoridades electorales, los organismos de control, la Fuerza Pública sometida a la ley, los gobiernos territoriales, la prensa libre, la academia, el sector productivo y la ciudadanía organizada. Es el ecosistema institucional en su conjunto.
Karl Loewenstein llamó a esto democracia militante: la capacidad de una democracia para defender sus propias reglas frente a actores que intentan usar sus libertades para destruirla desde dentro. No se trata de restringir la democracia, sino de impedir su autodestrucción por tolerancia ilimitada hacia quienes no aceptan la competencia democrática como regla.
Defender la República no es defender un gobierno, sino la posibilidad misma de que el conflicto político se resuelva dentro de la Constitución y no contra ella. La democracia no puede confundir pluralismo con impunidad ni tolerancia con renuncia. Una República que no se defiende deja de proteger a quienes solo piden lo mínimo: vivir en paz, trabajar, estudiar, emprender y elegir libremente a sus gobernantes.
La prueba de una democracia no es cuánta presión resiste, sino si es capaz de defender el orden constitucional sin romper sus propios límites. Un Estado que no hace cumplir la ley entrega la gobernabilidad al desorden; un Estado que la aplica sin control pierde su legitimidad. Entre la debilidad y el abuso se define la estabilidad de la República. Gobernar en democracia no es ceder ante la presión, pero tampoco es confundir la defensa de las instituciones con persecución política.
La ley debe cumplirse, la oposición debe existir y el conflicto debe resolverse dentro de las reglas constitucionales. Porque defender la República no es defender a un gobierno, a un partido o a un presidente; es defender el derecho de todos los ciudadanos a que la competencia política se desarrolle dentro de la Constitución y no mediante la normalización del boicot, el sabotaje o la intimidación. La República tiene el derecho -y el deber- de defenderse, precisamente para que ningún gobierno pueda quedar por encima de la ley y ninguna oposición pretenda situarse por fuera de ella.
(*) Magíster en Asuntos Internacionales, Comunicador Social – Universidad Externado de Colombia
