El Tribunal Administrativo de Bolívar ha puesto sobre la mesa un mandato que no admite excusas: Aguas de Cartagena deberá suspender de inmediato los racionamientos programados en la ciudad, bajo pena de incurrir en desacato y enfrentar sanciones. La decisión es perentoria y deja claro que el agua, como derecho fundamental, no puede convertirse en un servicio intermitente sujeto a cortes calculados.
La sentencia desnuda un problema estructural: la falta de planificación estratégica en el sistema de acueducto. Una empresa cuya misión es garantizar un recurso vital no puede depender de improvisaciones ni de soluciones temporales. El tribunal acierta al señalar que los racionamientos no son consecuencia de fuerza mayor, sino de una deficiente gestión que no previó el crecimiento poblacional, las migraciones y el aumento sostenido del consumo urbano.
El ejemplo de las refinerías es ilustrativo: allí se diseñan trenes paralelos y tanques de reserva para asegurar continuidad incluso en medio de fallas. Cartagena debería contar con esa misma lógica de redundancia: plantas con capacidad de relevo, filtros ampliados y tanques de respaldo que eviten que una simple obstrucción de algas o un retrolavado de filtros paralice el suministro de toda la ciudad.
El fallo también expone la desigualdad: mientras los estratos altos cuentan con tanques elevados y sistemas de bombeo, los sectores populares sufren directamente las consecuencias de cada corte. No tienen cómo almacenar ni comprar agua, y son quienes más padecen la precariedad del servicio.
La lección es clara: Aguas de Cartagena debe ponerse al día con la ciudad que crece y exige soluciones modernas. Ampliar la capacidad de tratamiento, reforzar la conducción desde el canal del Dique y diseñar un sistema con márgenes de seguridad suficientes no es un lujo, es una obligación. El tribunal ha marcado la ruta: el agua no se raciona, se garantiza. Y ahora la empresa está obligada a demostrar que puede cumplir con esa misión esencial.
