Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
La urgencia de un milagro esperado
Toda fiesta termina. Algunas dejan buenos recuerdos; otras, un guayabo monumental. La fiesta del Cambio fue anunciada como una revolución progresista, ancestral y bolivariana. Se organizó entre el estallido social, los bloqueos, las papas bomba, el aerosol y la promesa de refundar el país. Millones creyeron -a las buenas o a las malas- que comenzaba una nueva era. Cuatro años después, el balance es desalentador: el líder perdió el encanto, muchos antiguos seguidores ahora toman distancia y el progresismo deberá buscar un nuevo rostro para sobrevivir políticamente.
Desde Sócrates hasta Max Weber y Francis Fukuyama, una misma idea atraviesa la historia del pensamiento político: la democracia no fracasa porque la gente vote, sino porque quienes son elegidos no saben gobernar. El problema nunca ha sido únicamente quién elige, sino quién ejecuta.
Los ciudadanos no tienen la obligación de ser expertos. Para eso existen los expertos. El votante elige una dirección; no diseña una política monetaria, no administra una red eléctrica ni dirige una estrategia de seguridad nacional. Aristóteles entendía que la política debía procurar el buen gobierno; Max Weber defendió una burocracia profesional y Francis Fukuyama ha insistido en que la prosperidad depende tanto de la democracia como de la capacidad del Estado para ejecutar. La lección es la misma: ganar elecciones no convierte automáticamente a nadie en un buen gobernante.
Las democracias no fracasan cuando el pueblo vota. Fracasan cuando quienes gobiernan creen que ganar una elección los convierte automáticamente en administradores competentes del Estado. Hoy Colombia ya no discute únicamente ideologías. Discute quién sabe gobernar.
El proyecto de Gustavo Petro, acompañado por la continuidad política de su bloque alrededor de Iván Cepeda, el Pacto Histórico y la narrativa de la Paz Total, llegó con promesas de transformación estructural. Pero la retórica terminó sustituyendo la ejecución y el activismo reemplazó la gestión.
El resultado es un Estado erosionado por múltiples crisis simultáneas. El diagnóstico, desarrollado por la Fundación I+D en el libro Rescatando a Colombia, resume el legado recibido por el próximo gobierno en cinco grandes crisis estructurales:
• Una bomba fiscal, alimentada por el gasto creciente, el déficit persistente, la onerosa deuda adquirida y una corrupción que continúa drenando recursos del Estado.
• Una bomba de seguridad, donde la Paz Total fortaleció estructuras criminales, debilitó el control territorial y facilitó la expansión del narcotráfico y las economías ilegales.
• Una bomba en salud, con deudas acumuladas, desabastecimiento de medicamentos y un sistema al límite. El cínico «chu-chu-chu» terminó convirtiéndose en una dolorosa realidad para miles de pacientes.
• Una bomba energética, marcada por la incertidumbre regulatoria, la insuficiente expansión de la capacidad instalada y señales contradictorias para la inversión.
• Una bomba diplomática, reflejo del deterioro del profesionalismo del servicio exterior y de una política internacional cada vez más errática.
Cinco crisis distintas, una misma causa: la incapacidad del Estado para convertir las promesas políticas en resultados de gobierno. Cuando la ejecución falla, las ideologías dejan de importar y las consecuencias las termina pagando toda la sociedad.
Pero las cinco bombas no agotan el diagnóstico. También queda una herencia institucional: la instalación de una narrativa permanente de lucha de clases, una mayor polarización social, el debilitamiento de la confianza en las instituciones, la desinstitucionalización de la administración pública, el deterioro de los estándares éticos del liderazgo y la creciente confusión entre el ejercicio del periodismo y el activismo político. Son daños menos visibles que una crisis fiscal o energética, pero igualmente costosos para la capacidad de gobernar.
Las ideologías pueden ganar elecciones.
La incompetencia puede perder países.
Un Estado no es una asamblea estudiantil, ni un laboratorio permanente de teorías políticas. Tampoco una pasarela de intelectuales ni un streaming continuo de activistas. Es una organización diseñada para ejecutar políticas públicas, garantizar derechos y producir resultados.
El próximo gobierno recibirá un país con profundas fracturas fiscales, institucionales y sociales. Su verdadero desafío no será ganar el debate político, sino demostrar que sabe gobernar. La diferencia estará en la capacidad de convocar a los mejores equipos técnicos, recuperar las instituciones y devolverle al Estado su capacidad de ejecución.
Los Estados no se reconstruyen con consignas. Se reconstruyen con conocimiento, experiencia, capacidad técnica y liderazgo. Elegir gobernantes es apenas el comienzo; construir instituciones capaces de ejecutar es el verdadero desafío.
El problema no son los votantes. El problema son los incompetentes.
Colombia enfrenta -más que una crisis ideológica- una crisis de ejecución. La fiesta progresista va a salir muy cara: los dolores del guayabo aparecen cuando llegan las cuentas y comienza la reconstrucción.
El verdadero milagro que Colombia necesita no es elegir gobernantes perfectos, sino construir un Estado profesional que funcione con independencia de quién gane las elecciones. El nuevo ciclo político abre una oportunidad decisiva: profesionalizar la capacidad de ejecución del Estado colombiano.
Buen viento y buena marea para el nuevo gobierno: estamos seguros que con coherencia y haciendo honor a la palabra el milagro esperado llegará.
(*) Magíster en Asuntos Internacionales, Comunicador Social – Universidad Externado de Colombia
