Una vez más, Cartagena se enfrenta al absurdo: una acción de tutela, presentada en nombre de los derechos de los niños, termina siendo la barrera que impide que miles de ellos puedan estudiar en mejores condiciones. El reciente auto del Juzgado Noveno Penal Municipal, que ordena suspender las obras en ocho colegios de la ciudad, se convierte en un obstáculo más a la ya accidentada ruta de la infraestructura educativa.
No nos engañemos: este tipo de tutelas rara vez responden a una genuina preocupación por los estudiantes. Detrás de ellas suelen esconderse intereses políticos y cálculos politiqueros que buscan frenar la gestión de la administración distrital para luego lucrarse del caos. Es el viejo libreto: paralizar obras, crear un clima de inconformidad y aprovechar el ruido mediático.
La paradoja es cruel: se invoca el derecho a la educación para impedir que se construyan aulas dignas. Mientras tanto, más de 7.000 niños y jóvenes siguen estudiando en instalaciones deterioradas, víctimas de la politiquería judicializada. Cartagena no puede darse el lujo de seguir atrapada en esta telaraña de demandas mezquinas. La ciudad necesita soluciones, no dilaciones.
El llamado es claro: los jueces deben aplicar la Constitución con criterio de realidad, evitando que la tutela —un mecanismo creado para proteger derechos fundamentales— se degrade en arma de saboteo político. Y a los sectores que promueven estas acciones les decimos sin rodeos: dejen de jugar con la educación de nuestros hijos. La infraestructura escolar es un bien público, no un botín para sus cálculos personales.
