Por Álvaro Anaya Díaz
El director del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, Oscar Uriza Pérez, sorprendió a los miembros de su Junta Directiva. Y de inmediato finalizó la reunión convocada para deliberar de fiestas y cultura. Y no era para menos: su «asesora de planeación» había puesto sobre la mesa la propuesta para la firma de un contrato interadministrativo con el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín para «la logística, planeación, ejecución, operación, gestión de las fiestas y festejos» de la conmemoración de los 2011 años de la independencia de Cartagena.
El contrato o convenio tiene un valor de $2.222 millones y los directivos del instituto de cultura apenas se enteraban del proyecto el día miércoles, en plena reunión con Uriza Pérez y sus asesores. Y aún no habían aprobado el presupuesto y las actividades para la celebración de las festividades novembrinos, en medio de la más profunda crisis que enfrenta la ciudad por la ingobernabilidad provocada por el alcalde William Dau, objeto de marchas y protestas ante el rechazo de los cartageneros.
El Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor es hoy el más importante recinto para eventos en Medellín. Promueve y desarrolla negocios y espectáculos nacionales e internacionales. Para entregarle el manejo de las tradicionales fiestas de Cartagena a esta empresa «paisa» se firmará otro contrato «a dedo» como ha sido característico en la administración Dau en los dos años y nueve meses. Claro, por la reacción inmediata de directivos del instituto, Uriza Pérez necesitará de argumentos para intentar convencerlos de la necesidad de la contratación. Un caso como este se presenta por primera vez en esa entidad.
La decisión del alcalde Dau coincide con la Directiva presidencial No. 08, expedida por Gustavo Petro el 17 de este mes para controlar los convenios interadministrativos y fortalecer los procesos de «la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público, en desarrollo de los principios que rigen la función pública».
El gobierno nacional hace extensiva la Directiva a los entes territoriales y anuncia que hará seguimiento al cumplimiento de las medidas.Entre las medidas para la optimización de recursos en la contratación pública, el nuevo gobierno incluyó entre otros el Contrato o convenio interadministrativo, porque se aparta de los mecanismos establecidos para una contratación transparente.
Así lo señala la Directiva de Petro: • Contratos interadministrativos: «Se recuerda a las entidades , que no pueden celebrar Contratos interadministrativos para eludir los procedimientos de selección establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública. Las entidades públicas deberán especificar, en los documentos precontractuales las razones de orden jurídico, técnico y económico que justifiquen la decisión de acudir a la modalidad de selección de contratación directa para la suscripción de dichos contratos y no a un mecanismo de selección de carácter competitivo.
La suscripción de este tipo de contratos, se justificará en la misionalidad y objeto de la entidad pública con la que se pretende celebrar dicho contrato y en la experiencia acreditada para ejecutar el objeto contractual que se pretenda con el respectivo contrato.
«En todo caso, las entidades públicas deberán adquirir sus bienes, obras o servicios observando los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–. En consecuencia, no deberán celebrar Contratos o convenios a través de los cuales se eluda la aplicación de estos instrumentos de transparencia contractual».Los responsables de las decisiones que se tomen en la Junta Directiva del IPCC son las siguientes personas:Olga Acosta, Franklin Amador, Natalia Bohórquez, por el Distrito; Jorge Dávila-Pestana, Joce Daniels, Regina Guzmán, Luis Madero y Davinson Gaviria, en representación de la sociedad civil.
