La reciente condena del Tribunal Administrativo de Antioquia contra el municipio de Medellín que ordena la indemnización a los propietarios del Edificio Space se ha convertido hoy en la luz de la esperanza para los propietarios de los apartamentos en los edificios ilegales de los Quiroz en la ciudad de Cartagena.
El fallo ordena al ente territorial indemnizar a quienes adquirieron apartamentos en el Edificio Space con una suma que supera los $30 mil millones de pesos a raíz del desplome el pasado 12 de octubre de 2013 por riesgos estructurales. La sentencia planteada por el tribunal en la capital antioqueña revive la esperanza para que las familias víctimas del clan Quiroz reciban una indemnización ante la falta de control y vigilancia por parte del Distrito de Cartagena.
Fue una carrera maratónica que les tomó diez años pero que al final lograron que la balanza de la justicia se inclinara a su favor y obtuvieran este importante reconocimiento. En ese sentido, se ordenó la indemnización de los perjuicios morales y materiales recibidos, dentro de los cuales se incluyen conceptos relacionados con el valor comercial de sus apartamentos, el valor de los muebles y enceres que poseían y los arriendos pagados como consecuencia del desalojo.
¿QUÉ HA PASADO EN CARTAGENA?
En la ciudad de Cartagena ya han transcurrido casi cinco años luego que las autoridades le plantearan al Distrito el desalojo de más de 16 edificiaciones por riesgo de colapso. Para el representante de las víctimas, el abogado Javier Doria es claro que desde ese momento se comenzó a vivir una tragedia que llevó a estas familias a ser revictimizadas.
“El distrito una y otra vez revictimiza a las familias. Se negó a continuar pagando los arriendos. No atienden los derechos de petición, no tienen instalados servicios de vigilancia en las edificaciones desocupadas y en las contestaciones a las demandas formuladas para pedir la indemnización de perjuicios los han tratado de irresponsables, incluso manifestando que los compradores se comportaban como quien compraba una bolsa de arroz en la tienda de la esquina”, sostuvo el jurista.
Para Doria, lo que ha pasado con la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia es un precedente importante en la medida analiza la importante función que tienen los entes territoriales en hacer control y vigilancia a la actividad urbanística en cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.
Para las familias cartageneras esta odisea inicio el 27 de abril del año 2017 cuando se produjo la caída edificio Portales de Blas De Lezo II cuya construcción era responsabilidad del denominado “Clan Quiroz”, dejando como saldo la muerte de 21 personas y otras más que resultaron heridas, abriendo la investigación sobre el riesgo inminente de desplome en el que se encuentran 16 edificios también construidos por este clan.
