Por: Danilo Contreras Guzmán
Un viejo amigo sostiene que ciertos funcionarios, demasiados quizás, no están guiados por el viejo principio constitucional según el cual “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, que no solo procede del artículo 2º de la Constitución vigente, sino del 19º de la derogada constitución de 1886. A cambio del respeto por estos preceptos, algunos conciudadanos, tal vez demasiados, insisto, al momento de posesionarse de sus cargos levantan la mirada al cielo clamando entusiastas: “¡Esto me lo mando Dios!”.
Esa anotación picaresca, la suele aducir mi amigo para expresar que la vocación de servicio y apego al cumplimiento de funciones públicas en favor de la colectividad, pasa a un segundo plano para hacer prevalecer el lucro de la oportunidad del nombramiento, lo cual es, sin duda, fuente de numerosos casos de corrupción y aprovechamiento en beneficio propio de los gajes de gobierno.
Bastaría preguntarles a algunos expresidentes colombianos que, según parece, pasaron inopinadamente de ser burócratas de alto nivel, a inversionistas offshore, según las denuncias de la investigación periodística global conocida como “Pandora Papers”.
Los funcionarios, por mezquino interés particular o por mera cobardía, no defienden el interés colectivo y, más bien, suelen enajenarse a los intereses de los contratistas y de los poderosos. Así las cosas, el Estado recobra en la cotidianeidad la forma de aquella bestia mítica, el Leviatán, que todo lo consume y lo destruye, más no en los términos de la alegoría elaborada por Thomas Hobbes que concibe el gobierno como una figura temible, pero necesaria, para que predomine la paz y el orden frente los “lobos” en que se convierten algunos hombres (y mujeres, para ser correctos en perspectiva de género) con relación al prójimo.
El asunto no queda solo en el prosaico cobro de prebendas que es pan de cada día en el trasegar de la administración pública, sino que por cuenta de la racionalidad implementada por el modelo neocapitalista que impera en el mundo desde finales de los setentas, se traduce en leyes que van convirtiendo lo que antes era monda y lironda corrupción, en sofisticados mecanismos de facilitación y traslado de competencias públicas a manos del sector privado, aduciendo supuesta eficiencia en la prestación de algunos servicios.
Wendy Brown, pensadora norteamericana lo ilustra bien en su obra “El pueblo sin atributos: La secreta revolución del neoliberalismo”.
En nota en la que incurrí a principios de este año, me referí al asunto en los siguientes términos: “La gobernanza, que es la fórmula administrativa del Estado neoliberal, tiende a mezclar la política con los negocios y establece un “trato promiscuo con el poder económico” que “eclipsa la soberanía del Estado” y en consecuencia produce un “vaciamiento” de la idea de democracia. Es una “post-ideología” que glorifica el pragmatismo. La justicia se ve remplazada por criterios técnico-administrativos de conveniencia económica. El bienestar general deja de ser un objetivo para dar paso al crecimiento económico y a un adecuado clima de inversiones”.
Y seguidamente expresé: “Esa mezcla sofisticada y promiscua entre el ejercicio del poder del Estado y los negocios implica, conforme lo expone la politóloga en cita, un giro al concepto de corrupción al borrar las diferencias entre los fines del Estado y los fines del capital privado”.
Figuras legales, tan sofisticadas como complejas, como lo son las concesiones y las alianzas público – privadas, son el ejemplo patético que acreditan en la práctica las tesis de Wendy Brown.
En un interesante artículo titulado “Corrupción y desafíos organizacionales en un mundo de Asociaciones Público – Privadas” de la profesora Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México, se ratifica una vez más la proposición de Wendy Brown, al exponer que: “La secrecía, no la transparencia, es el sello principal de la normatividad y los diseños normativos del derecho privado: el secreto fiscal, el secreto corporativo, los secretos tecnológicos, bancarios, etc., sirven hoy como escudos para mantener al sector privado a salvo de cualquier ejercicio de fiscalización o vigilancia ciudadana”.
Estamos entonces, más allá de los funcionarios venales que proliferan, frente a un fenómeno de “corrupción estructural”, para atenernos a los términos utilizados por la profesora Sandoval.
En Cartagena y Turbaco, tenemos un par de ejemplos sombríos y dramáticos, bajo la fórmula de concesiones abiertamente abusivas.
En Cartagena, el Corredor de Carga, es una muestra de las falencias del sistema en materia de transparencia y desequilibrios estructurales pactados en favor de particulares que prácticamente meten la mano a los bolsillos de los ciudadanos, con cinismo absoluto.
Baste con decir que existen dos pronunciamientos de las máximas autoridades en materia fiscal, tanto en lo Distrital como en lo Nacional, que han dictaminado que los cartageneros ya pagaron, con creces, el precio de la construcción de Corredor de Carga, desde hace varios años; informes de 2017 y de 2021, de las entidades de control citadas lo determinan con claridad.
En ambos informes fiscales, se denuncia una maraña de otrosíes pactados entre la Alcaldía de Cartagena y los contratistas, que sin duda favorecen a estos últimos. Se habla de 21 otrosíes que le retuercen el pescuezo al principio de equilibrio entre las partes que rige la contratación Estatal.
Pero además se denuncia poca transparencia en el trámite y publicidad de la documentación que permite el seguimiento y control a la ejecución del contrato, así como falencias en las fórmulas de matemática financiera aplicadas al caso para calcular el retorno de ganancias al contratista. Todo a cargo meros ciudadanos como Usted o como yo.
En cuanto a este último tópico, en el informe de febrero de los corrientes, rendido por Edurbe, en condición de supervisor del Contrato referido, se lee: “Dentro de los aspectos que inicialmente llamaron la atención de la revisión realizada sobre el modelo económico del contrato original se encuentra que el método para calcular el indicador de evaluación financiera de proyectos de inversión privada Tasa Interna de Retorno (TIR), no se había formulado desde el inicio del proyecto para el modelo financiero propuesto, con los métodos académicamente enseñados por los libros de Matemáticas Financieras o Ingeniería Económica de la gran mayoría de autores, en el mercado bibliográfico colombiano…”.
En cuanto a los factores incluidos para computar la fórmula para determinar el retorno del contratista, en el mismo informe se constata que: “Con respecto a los EGRESOS, se identifica que el informe financiero de la fiducia para el mes de octubre especificaba un valor correspondiente a $7.812 millones pero que en el informe financiero de EDURBE no se contabiliza, esto según el supervisor financiero, teniendo en cuenta que lo especificado en “el otrosí No 9 de septiembre de 2006” y el “acta para concertar las premisas para ajustar el modelo financiero del proyecto del proyecto corredor de acceso rápido a la variante Cartagena” de 08 de agosto de 2006, que hace parte integral del otrosí, así lo estipula, como se puede apreciar en la respuesta dada por el Supervisor Financiero…”.
Los contribuyentes somos esclavos de los otrosíes, que no son más que astucias que favorecen a los contratistas, sin que exista un funcionario, incluido el alcalde actual que ha utilizado demagógicamente la bandera de levantar los peajes internos en la ciudad, que apliquen la interpretación unilateral del contrato estatal, como clausula excepcional como mecanismo de protección de los intereses de la administración, al vincular la ejecución de esta concesión al cumplimiento de los fines del Estado.
Ahora estamos en manos de un Tribunal de Arbitramento al que nos arrastró el contratista, y en donde el Distrito no cuenta con una estrategia clara de defensa, a no ser por la experticia contratada últimamente con un experto en el tema, en la cual reposa la esperanza de tantos ciudadanos expoliados por los contratistas y sus cómplices camuflados en sucesivas administraciones.
Igual o más escandaloso resulta ser lo que viene sucediendo con el Peaje de Turbaco, en donde cualquier ciudadano, recurriendo al mero sentido común, logra establecer un abierto proceder ilegal.
En efecto, la opinión pública ha conocido que el pasado 30 de junio, el contratista de dicha obra, junto con el interventor del contrato anunciaron que se había alcanzado en dicha fecha la suma de $720 mil millones, aproximadamente, a través de cobro de peajes a los usuarios de la vía, precio pactado entre las partes por la construcción de la vía; a lo que se suma que las obras habían sido debidamente construidas conforme a las minucias del contrato No 008 de 2007, firmado entre la ANI y la firma Autopistas Ruta del Sol S.A.S.
A partir de ese momento, conforme a la ley y a las cláusulas contractuales solo quedaba a las parte proceder a la reversión o devolución de los bienes construidos y a la correspondiente liquidación del contrato. El término para que la ANI tomara posesión de las obras y se procediera a la liquidación vencía el 6 de septiembre de los corrientes.
Pese a lo anterior, muy convenientemente, en fecha 31 de agosto, esto es, 6 días antes de que venciera el termino para la toma de posesión y liquidación definitiva del contrato, la ANI en representación del Estado y en consecuencia de los ciudadanos, procedió a firmar un otrosí No 7, abiertamente ilegal, con la firma contratista, en la que legitima el cobro irregular de peajes que se venía realizando luego de haber alcanzado el retorno pactado por la construcción de la obra y prolongarlo hasta el 19 de octubre de este año, fecha en la cual la misma firma del contrato terminado, iniciaba un contrato nuevo, esta vez bajo la turbia formula de una Alianza Público – privada, cuyo objeto es la construcción de la segunda fase del proyecto Ruta del Sol; con la particularidad de que dicha obra no prevé construcción alguna en la jurisdicción de municipio de Turbaco.
Mañana 19, se inicia entonces una nueva era de esclavitud para los usuarios de la vía que conecta a la ciudad de Cartagena con el municipio de Turbaco, sin que ninguna autoridad haga nada por salvaguardar los intereses de la colectividad.
En los últimos días, en condición de apoderado judicial de un ciudadano que hace uso cotidiano de la vía Cartagena – Turbaco, formulamos acción de tutela por vulneración al derecho a la libre locomoción del referido usuario. Sin embargo el juez de primera instancia optó por declarar la legalidad del otrosí No 7 que revive un contrato muerto. Vaya cosas que se ven en medio de esta nueva racionalidad jurídica neoliberal que a todas luces está concebida para el servicio de los contratistas.
Impugnada dicha decisión, que respeto, pero de la cual discrepo, como dice la canción, he procedido a solicitar a la magistratura designada para conocer del caso, como medida provisional tendiente a evitar el agravamiento de la vulneración del derecho a la libre locomoción de mi apoderado, que se ordenara inmediatamente la suspensión del cobro de peajes en Turbaco, considerando que se aproximaba la fecha de 19 de octubre de 2021, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio de la nueva APP que condenará a cartageneros y turbaqueros por igual, a someterse al inicuo cobro de una tasa por cuenta de obras de las cuales no serán usuarios toda vez que el nuevo proyecto no aplica una sola gota de pavimento en el territorio de Turbaco. La medida fue negada sin mayores consideraciones, para dejarnos en manos de la ANI y su contratista, quienes seguirán hurgando en nuestros bolsillos sin causa justificable alguna. Sin muchas expectativas, considerando antecedentes, quedamos a la espera de la decisión definitiva de la referida tutela.
¡Esto me lo mando Dios!, gritarán al cielo, entusiastas, contratistas y funcionarios de la ANI, parafraseando a aquel suspicaz, pero sabio amigo, al que me referí en esta, ya demasiado larga nota.
