La zona insular de Cartagena reclama un espacio en los diálogos de socialización que se adelantan en el marco de las obras del megaproyecto del Canal del Dique. El reprsentante del Consejo Comunitario de Caño del Oro, el abogado Wilman Herrera Imitola, asegura que esta importante obra se adelanta de espalda a la ciudad de Cartagena y su zona insular.
Asegura que ahora mismo no hay un representante de la administración que se siente en estas mesas y que propenda por la protección del medio ambiente que tanto se va afectar. «Las comunidades de la Isla de Tierrabomba estamos reclamando los espacios en estos debates y pidiendo que nos incluyan dentro del proyecto. La bahía de Barbacoa está protegida como la única ensenada para que nuestra gente pueda ejercer sus prácticas de pesca», precisó el líder.
Y es que, según Herrera Imitola, lo que se viene es un cambio en el tema marítimo porque la intromisión del agua salada cruzara todo Pasacaballos e independientemente a los beneficios de la obra los cambios se verán a muy largo plazo y las afectaciones se darán apenas comiencen las mismas. Y lo que preocupa es que las comunidades no cuentan con un respaldo legal y hay un Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA que está totalmente desactualizado y esto sea aprovechado de la mejor manera para generar un impacto negativo en el medio ambiente.
La valorización, otra amenaza latente
Igualmente hay preocupación entre las comunidades aledañas al Canal del Dique por la amenaza latente que se podría venir tras el anuncio de cobro por valorización en el marco de las obras que se tienen previstas en este macroproyecto y que no ha sido descartado por el Gobierno Nacional.
Está claro que este tema de la valorización debió ser tema fundamental y tratado desde tiempo atrás por parte de los consejos comunitarios a fin de garantizar la permanencia de la gente en el territorio porque esto generará un desplazamiento forzado. «En un futuro inmediato podríamos estar hablando de que la gente saldrá de su territorio porque no van a tener como cancelar. Un vivo ejemplo de esto es la Zona Norte y el cambio del suelo que se dio. La gente de La Boquilla y Manzanillo», precisó Herrera Imitola.
Los ajustes técnicos tendrán que darse por parte de la empresa Sacyr y que la gente que vive de la pesca, de la agricultura, pueda mantenerse porque los cambios van a venir. «Es necesario que se protejan las comunidades porque una vez comiencen las obras se van a ver afectadas y no se están anunciando medidas para evitar una situación como esta», puntualizó Herrera quien señaló que en solo seis meses no se analizan los impactos negativos y positivos del proyecto.
