Cansados de la indiferencia y el olvido en el que se encuentran por parte de la administración distrital, algunas de las familia víctimas de las construcciones ilegales están preparando un plantó o protesta pacífica con la que se le exija a la alcaldía responda por lo que ordenó la juez de control de garantías.

Aseguran que la acción de tutela interpuesta por parte del alcalde mayor de la ciudad, William Dau Chamat, no es otro cosa que la revictimización de las familias y el oponerse a darle respuesta a quienes compraron de buena fe un apartamento en los edificios construidos por el clan de los Quiroz. ESO VA Noticias pudo establecer que serían dos de los 16 edificios que están promoviendo esta jornada con la que pretenden llamar la atención de la administración y promover e incentivar el respaldo que hasta ahora han recibido por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Cabe recordar que ante el panorama que se ha planteado por parte del Distrito, el representante de las víctimas, el abogado Javier Doria, expresó que con estas acciones la administración da muestras de no tener voluntad para darle cumplimiento a las obligaciones judiciales que tiene con las víctimas de las construcciones ilegales.

Aseguran las víctimas que aguardan esta semana un pronunciamiento por parte del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, frente a lo que ha propuesto el Distrito con esta acción judicial y el pretender darles la espalda a las 250 familias. “Buscamos voces de apoyo porque sabemos que no estamos solos como lo pretende hacer ver el Distrito”, aseguró una de las víctimas.

“Se trata de una acción que parece hecha por personas que desconocen todo el contexto de lo que ha pasado en la ciudad con estas familias y obviamente los revictimiza y los maltrata… claramente es una afrenta contra los derechos de estas familias que han padecido el horror de la construcción ilegal y la desidia y la irresponsabilidad del distrito.” señala el jurista.

Ante la grave situación que se plantea por parte de la administración, con relación al abandono y la indiferencia a las víctimas de las construcciones ilegales, la Procuraduría abrió recientemente investigaciones que pueden conllevar a sanciones disciplinarias pues, según el Ministerio Público, no se han atendido a las 250 familias y mucho menos los requerimientos de ley. Estas familias completan 18 meses sin recibir auxilio para los arriendos porque tuvieron que abandonar sus inmuebles ante riesgo de colapso de las edificaciones.

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