La Red de Veeduría a la Rama Judicial, Vejuca, anunció que fueron radicadas denuncias ante la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricato, fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad ideológica.
Esto, según el director de la veeduría Erick Urueta Benavides, debido a que la mandataria presentó un documento ante el Concejo Municipal en donde le daba facultades a una abogada para que la fuera adjudicada la finca Cachenche teniendo en cuenta que esta todavía se encuentra inmersa dentro de un proceso de extinción de dominio.
Erick Urueta Benavides, director de Vejuca.
Asegura el veedor que esta finca en este momento está en posesión de más de 200 familias campesinas que derivan su sustento de allí y hoy reclaman sus derechos y un fallo de tutela ordenó recientemente realizar unos programas de asistencia rural y hoy, contrario a esta sentencia, la alcaldesa desde el 2020 y el 2021 viene adelantando una serie de irregularidades buscando amparo en herramientas jurídicas para que este terreno le sea adjudicado.
El veedor explicó que por esta razón quedaron ya formalmente radicadas ante la Fiscalía y la Procuraduría todas las conductas penales y disciplinarias para que se tomen las respectivas acciones; pero además, aclara Urueta Benavides, que fue notificado el gobernador del departamento, Vicente Blel Scaff; el Defensor del Pueblo, José Hilario Bossio y el presidente de la República, Iván Duque Marquéz.
SIN AUTORIZACIÓN TALAN ÁRBOLES
Finalmente el veedor manifestó que en terrenos aledaños a la finca Cachenche, un ciudadano identificado como Jhon Villamizar Gómez, propietario de la finca Santa Isabel, con una orden del Secretario de Planeación Municipal de Turbana y el aval de la mandataria Julio Guerrero cometió unos presuntos delitos relacionados con el daño a los recursos naturales y ambientales; teniendo en cuenta que tras esta afectación, la alcaldesa le autorizó para intervenir una vía pública.
“Lo que tenemos claro es que esta persona habría causado daños porque taló de manera indiscriminada un sinnúmero de árboles y lo que se debe tener claro es que John Villamizar no era representante de un organismo ambiental para adelantar esta tala y realizando daños en bienes ajenos del sector”, explicó el veedor.